Tegucigalpa – El plazo de 25 días establecido por la presidenta Xiomara Castro para destruir la conocida «narcocarretera» que conecta Olancho con La Mosquitia no se ha cumplido, y la carretera continúa operativa.
Esta situación ha generado inquietud y críticas sobre la ejecución de las políticas ambientales y de seguridad en la región.
Ante las interrogantes sobre este incumplimiento, Luis Solíz, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), ha trasladado la responsabilidad hacia la Fiscalía General de la República.
Solíz explicó que la designación del organismo encargado de la destrucción de la carretera fue decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, bajo la emergencia ambiental declarada el pasado 21 de mayo.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, aclaró que antes de proceder con la destrucción de la carretera, es crucial asegurar que no se produzcan afectaciones al patrimonio arqueológico, a los pueblos indígenas y al medio ambiente.
Mora señaló que los estudios necesarios están en curso y que una vez completados, se tomará una decisión definitiva sobre la carretera.
René Soto, representante de la Coalición Ambiental, ha denunciado la grave devastación ambiental provocada por la carretera, destacando que más de 16,000 hectáreas de bosque han sido destruidas.
«Honduras ha perdido el banco de información genética más importante después de la Amazonía», expresó Soto. «Es imperativo investigar lo ocurrido en esta zona y determinar quiénes han explotado la riqueza natural de nuestro país», concluyó.
El retraso en la destrucción de esta carretera, vinculada a actividades ilícitas, pone en evidencia los desafíos que enfrenta Honduras en su lucha contra el narcotráfico y la protección del medio ambiente.
