Tegucigalpa – La administración militar del sistema penitenciario hondureño se encuentra en el centro de una nueva controversia tras las críticas recibidas por los recientes traslados masivos de reclusos a centros de máxima seguridad y la demolición de instalaciones consideradas privilegiadas. El general Ramiro Muñoz, coordinador del Sistema Penitenciario de Honduras, respondió a estas objeciones con una defensa contundente de las políticas implementadas bajo su dirección.
La polémica surgió específicamente por las acciones ejecutadas en el centro penitenciario de Támara en Francisco Morazán, donde se procedió a la destrucción de las denominadas «celdas de lujo» y se realizaron traslados selectivos de internos hacia instalaciones de mayor seguridad. Estas medidas han generado críticas desde diversos sectores que cuestionan el respeto a los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Muñoz justificó estas acciones argumentando que responden a «una evaluación exhaustiva para clasificar a los privados de libertad que fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad». Esta clasificación, según el funcionario, no constituye una medida arbitraria sino el resultado de un proceso técnico diseñado para neutralizar las capacidades operativas del crimen organizado desde el interior de las prisiones.
El coordinador penitenciario presentó su defensa en términos de una dicotomía entre los derechos de los reclusos y la seguridad de la población general. «Estamos protegiendo los derechos de más de 10 millones de hondureños», declaró Muñoz, estableciendo una jerarquía donde la seguridad ciudadana prevalece sobre las condiciones carcelarias consideradas privilegiadas.
La crítica del general se extendió hacia quienes cuestionan las políticas penitenciarias actuales, señalando que «nadie quiere meterse con los delincuentes del país, pero los militares han puesto orden al sistema penitenciario». Esta declaración refleja la percepción oficial de que la administración militar ha asumido responsabilidades que anteriormente no eran abordadas de manera efectiva por las autoridades civiles.
Muñoz dirigió reproches específicos hacia los grupos defensores de derechos humanos, a quienes calificó de «incongruentes cuando piden comodidades para los privados de libertad y se olvidan que fueron condenados por asesinar, robar o ser narcotraficante». Esta crítica evidencia la tensión existente entre la perspectiva de seguridad adoptada por la administración penitenciaria y los enfoques de derechos humanos tradicionales.
El funcionario reiteró que las medidas implementadas no constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos, sino que representan un reequilibrio necesario para proteger a «los hondureños buenos». Esta caracterización establece una distinción moral entre la población carcelaria y la ciudadanía general, justificando las restricciones impuestas como un mecanismo de protección social.
La defensa de Muñoz se inscribe en un contexto más amplio donde el gobierno hondureño ha adoptado políticas de «mano dura» contra el crimen organizado, incluyendo la militarización del sistema penitenciario como estrategia central. Las acciones en Támara representan una manifestación concreta de esta filosofía, donde la eliminación de privilegios carcelarios se presenta como una medida necesaria para debilitar las estructuras criminales.
La controversia refleja tensiones fundamentales sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana y derechos humanos en el contexto penitenciario hondureño. Mientras la administración militar presenta sus acciones como medidas de protección social, los críticos señalan posibles excesos que podrían comprometer estándares internacionales de tratamiento a personas privadas de libertad.
La posición defendida por el general Muñoz sugiere que la administración penitenciaria continuará priorizando medidas restrictivas como mecanismo para contener la influencia del crimen organizado, independientemente de las críticas recibidas desde sectores defensores de derechos humanos.
