Tegucigalpa – Los traslados masivos de cerca de 6,000 personas privadas de libertad realizados recientemente por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) han encontrado respuesta en el sistema judicial hondureño. La Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite un recurso de habeas corpus en favor de estos reclusos e instruye el nombramiento de jueces ejecutores para supervisar su situación.
La decisión judicial ha sido recibida con beneplácito por organizaciones defensoras de derechos humanos que habían manifestado preocupación por las condiciones en que se realizaron estos traslados. Alba Mejía, subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), aplaudió la decisión de la Sala Constitucional.
«Sentimos que en esta sala, los hondureños tenemos mucha confianza para atender nuestras necesidades, tanto los que estamos fuera de las cárceles como los que están padeciendo un internamiento», expresó Mejía al conocerse la admisión del recurso judicial.
El recurso de habeas corpus había sido presentado por el CPTRT en contra de los traslados de privados de libertad realizados por el Instituto Nacional Penitenciario, denunciando que «ha habido traslados que son un abuso, una arbitrariedad, una violación a derechos fundamentales».
Los defensores argumentaron que estos traslados vulneran derechos como «el acceso al aire, alimentación, luz, dormir, salud y ver a sus familias», y que «los traslados colectivos están generando múltiples violaciones de derechos humanos».
La subdirectora del CPTRT instó al INP a que adopte las recomendaciones que los jueces ejecutores le van a ordenar sobre el proceder con estos privados de libertad. Mejía identificó áreas críticas que requieren atención inmediata por parte de la administración penitenciaria.
«Nosotros sentimos que necesariamente hay que fortalecer los servicios de salud física y mental. Tienen que establecerse protocolos de diagnóstico en las cárceles, que se debe mejorar la formación del personal penitenciario y las políticas de desinternamiento o contra el hacinamiento», señaló la defensora de derechos humanos.
La abogada Mildred Meléndez, quien acompañó al CPTRT en la presentación del recurso, sostuvo que «la reclasificación de privados de libertad debe hacerse en base a criterios individuales, nivel de riesgo, situación jurídica y condiciones de salud».
Los traslados masivos han generado controversia en el contexto de la administración militar del sistema penitenciario. El coordinador penitenciario ha defendido estas acciones como resultado de «una evaluación exhaustiva para clasificar a los privados de libertad que fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad», argumentando que las medidas buscan «proteger los derechos de más de 10 millones de hondureños».
Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) había advertido previamente que «los recientes traslados masivos de personas privadas de libertad pueden derivar en violaciones a sus derechos y en el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado hondureño».
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares es una organización fundada en 1995 para luchar contra la persistencia en Honduras de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La institución ha expandido su trabajo en la última década para incluir la promoción de mejores condiciones dentro de las prisiones hondureñas.
Con la admisión del habeas corpus, la Corte Suprema de Justicia busca garantizar que los derechos fundamentales de los privados de libertad sean respetados, mientras se espera que los jueces ejecutores designados realicen las inspecciones correspondientes en los centros penales donde fueron trasladados estos reclusos.
