Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este viernes una «campaña orquestada y malintencionada» por parte del consejero Marlon Ochoa, señalando que sus recientes declaraciones en redes sociales buscan confundir a la ciudadanía y desacreditar la institucionalidad del órgano electoral.
López cuestionó la validez de un dictamen legal solicitado por Ochoa sobre los términos de referencia del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), explicando que este «no es válido porque no puede estar por encima de una decisión del pleno». La funcionaria reveló que la resolución no dictaminó tres párrafos sobre intervención humana que fueron agregados por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Según López, Ochoa solicitó el dictamen legal a través de la Secretaría General del CNE a las 5:00 p.m. del miércoles, la solicitud fue remitida a la asesoría legal a las 6:11 p.m., pero sorprendentemente a las 7:47 p.m. ya se había recibido un documento de siete páginas elaborado por el abogado Arnold Orellana, quien representa al Partido Libertad y Refundación (Libre).
«Esto no es un asunto de partidos. Es un órgano colegiado. Y no es cierto que ese dictamen se hizo en una hora. Pone en duda si se están introduciendo documentos desde fuera del CNE para que solo se suscriban internamente. Eso es corrupción», advirtió López.
La presidenta del CNE acusó al consejero Ochoa de buscar que el Consejo tenga escaso margen de revisión y control sobre los resultados del TREP, pretendiendo usar ese mecanismo para proclamar anticipadamente a una candidata sin cumplir con las verificaciones establecidas por ley.
«Decir ahora que centralizar ilegalmente el conteo de actas es algo que el CNE está haciendo, cuando la ley dice lo contrario, es perverso. El artículo 283 nos faculta exclusivamente a nosotros para analizar y totalizar actas. No las computadoras», subrayó.
López alertó sobre lo que considera una estrategia para debilitar al CNE desde dentro y denunció que la asesoría legal se estaría convirtiendo en «una secretaría de trámites», al recibir dictámenes previamente elaborados por actores externos sin permitir la participación plural.
«Se intercepta la correspondencia, se fabrica documentación fuera del Consejo, y se entregan directamente a representantes de Libre. Esto no solo es irregular, es una amenaza a la institucionalidad electoral», denunció la funcionaria.
A estos problemas internos, López sumó situaciones externas que contribuyen a la incertidumbre del proceso, como la falta de claridad sobre el paradero de más de 300,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI) y señaló presuntas irregularidades, como la toma de huellas biométricas en contextos electorales y la aparición de grafitis que ya proclaman candidaturas.
«Lamento toda la malicia que se está introduciendo en este proceso. No se han dado cuenta de que ya no están en la oposición. Nosotros no estamos para hacer fraude, sino para evitarlo», afirmó tajantemente.
El conflicto se intensificó tras la aprobación por mayoría del pliego de condiciones del TREP, donde el pleno de consejeros integrado por Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa votó dos a uno para avanzar en la licitación. Ochoa ha denunciado que se pretende adjudicar el sistema a la empresa Mapa Soluciones «disfrazada con otro nombre», repitiendo supuestamente el modelo de David Matamoros Batson utilizado en 2017.
En respuesta, López ha defendido el nuevo modelo del TREP, afirmando que incorpora procesos de verificación previos a la divulgación de resultados para evitar proclamaciones anticipadas en contextos polarizados. «Se acabó el margen para manipular. Honduras merece transparencia», declaró.
La controversia también ha generado reacciones de otros actores políticos. El diputado nacionalista Tomás Zambrano acusó a Ochoa de querer instaurar un modelo similar al del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que sectores de oposición ven en las acciones del consejero un intento de desestabilizar el proceso electoral.
Finalmente, Cossette López reiteró que el CNE es un órgano autónomo cuyas atribuciones no están sujetas a presiones políticas, y reafirmó el compromiso de seguir cumpliendo con el mandato legal pese a los intentos de desestabilización desde sectores internos y externos. La funcionaria enfatizó que aunque los consejeros tienen corazón político, deben actuar con profesionalismo y evitar el activismo político, recordando que «somos consejeros para todos».
