Tegucigalpa – La crisis política desatada por el escándalo de los fondos de Sedesol continúa generando presión sobre el gobierno hondureño, pese a la salida de José Carlos Cardona del ministerio, ya que analistas y figuras políticas consideran que la medida no es suficiente para esclarecer el paradero de más de 950 millones de lempiras aprobados por el Congreso Nacional.
El monto en cuestión corresponde al presupuesto autorizado para el fondo social durante los últimos tres años, recursos que según la normativa debían destinarse exclusivamente al financiamiento de «proyectos menores» en beneficio de las comunidades hondureñas.
Críticas al informe oficial
El analista Kenneth Madrid expresó su inconformidad con los resultados de la investigación presentada durante la cadena nacional ofrecida por el ministro de Transparencia, Sergio Coello, calificándola de poco significativa. «No es con un informe poco significativo, hay que llegar al fondo», señaló Madrid en entrevista con TN5.
Para el analista, la investigación debe profundizarse hasta verificar el destino final de los cheques emitidos, considerando que esto representa «otro nivel de responsabilidad». Madrid considera que tanto la presidenta Castro como el pueblo hondureño fueron defraudados con un informe que no genera la transparencia esperada.
En este contexto, Madrid exige que se actúe contra todos los participantes involucrados en el caso, incluyendo diputados y funcionarios de las instituciones estatales que administran este tipo de fondos públicos.
Perspectivas oficiales y económicas
La designada presidencial Doris Gutiérrez ofreció una visión más mesurada del proceso, explicando que el informe presentado en cadena nacional representa únicamente la primera etapa de la investigación para conocer el destino de los 950 millones de lempiras gestionados por los diputados.
Por su parte, el economista hondureño Roberto Lagos, radicado en Estados Unidos, coincidió en que la renuncia de Cardona no resuelve el problema estructural. «Que no pretenda el gobierno y sus funcionarios minimizar un tremendo problema con una simple renuncia», escribió en su cuenta de la red social X.
Lagos enfatizó que «todavía hay mucha tela que cortar» y exigió que «todos los recursos gestionados por los diputados a través de secretarías de estado deben ser investigados inmediatamente».
Autocrítica dentro del oficialismo
La presión también proviene desde las propias filas del partido Libre. El diputado Rasel Tomé expresó su preocupación por el impacto que este escándalo tiene sobre la imagen del partido gobernante. «Libre no merece que sigamos en esta situación, donde hemos planeado que nosotros llegaríamos al poder a hacer actuaciones diferentes a lo que hacía el bipartidismo», declaró el parlamentario oficialista.
Tomé hizo un llamado directo a la responsabilidad institucional: «Nosotros no somos iguales, presidenta. Los funcionarios tienen que entender que el dinero público hay que cuidarlo». El diputado va más allá y considera que, además de Cardona, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, también debe presentar su renuncia ante el Legislativo.
Esta crisis representa un desafío significativo para el gobierno de Libre, que llegó al poder con promesas de transparencia y cambio en el manejo de los recursos públicos, y que ahora enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para cumplir con esos compromisos fundamentales.
