Tegucigalpa – Un juez de Letras Designado dictó medidas cautelares para cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Salud acusados de participar en un esquema fraudulento que causó un perjuicio de más de 77 millones de lempiras al Estado hondureño, programando para el miércoles 4 de junio a las 8:00 de la mañana la audiencia inicial del proceso.
Los imputados que comparecieron en la audiencia de declaración son Tomás Brooks Bennett, René Andrés Escalera y Leonardo Ernesto Padilla, quienes enfrentan acusaciones por el otorgamiento irregular de 208 contratos a empresas que presuntamente no cumplieron con la entrega de insumos y equipos farmacéuticos por los cuales se desembolsaron los millonarios recursos públicos.
Este proceso forma parte de un caso de corrupción más amplio que afecta al sistema sanitario público nacional. El pasado sábado se había realizado la audiencia para más de una treintena de acusados en el mismo expediente, donde el juez decretó medidas distintas a la prisión para 31 imputados considerados responsables de múltiples delitos de fraude en autoría directa contra la Administración Pública.
El alcance del caso se extiende a 42 personas en total, ya que la investigación vincula a otras 11 personas adicionales para quienes ya se han emitido las respectivas órdenes de captura, con el objetivo de ponerlas a disposición de la jueza que conoce el proceso para desarrollar las audiencias correspondientes.
Según el requerimiento fiscal, entre los acusados figuran varios exdirectores y personal administrativo de hospitales y centros de salud ubicados principalmente en la zona sur del país, así como en otras regiones de Honduras, quienes enfrentan acusaciones por múltiples delitos relacionados con fraude y malversación de fondos públicos.
La investigación reveló que durante el período comprendido entre 2009 y 2014, mediante 208 procesos de compras, se ejecutaron adquisiciones de equipos médicos, medicamentos y suministros hospitalarios sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Los funcionarios habrían realizado contratos y gestionado fondos públicos sin el respaldo presupuestario correspondiente, favoreciendo ilegalmente a seis empresas del sector farmacéutico: QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y Laboratorios De la Roja.
Este esquema fraudulento habría operado durante varios años en el sistema de salud pública, comprometiendo la adquisición de insumos médicos esenciales y afectando indirectamente la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población hondureña.
El caso pone en evidencia las vulnerabilidades institucionales que permitieron que durante cinco años consecutivos se ejecutaran compras irregulares por montos millonarios, sin que los mecanismos de control y auditoría detectaran oportunamente estas irregularidades.
Las autoridades judiciales continúan desarrollando las investigaciones para determinar el alcance completo del esquema fraudulento y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los funcionarios involucrados en estos hechos de corrupción que afectaron significativamente las finanzas públicas del sector salud.
