Tegucigalpa – La decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos ha desencadenado una ola de preocupación en la sociedad hondureña, especialmente cuando el país se acerca a la fecha límite de su vigencia.
El acuerdo, que ha sido fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, llegará a su fin el próximo 28 de febrero de 2025, dejando un vacío significativo en las herramientas jurídicas internacionales del país.
El tratado, ratificado por el Congreso Nacional en 2012, ha permitido la extradición de 58 ciudadanos hondureños a territorio estadounidense, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico. Actualmente, seis casos adicionales se encuentran en proceso, dos de los cuales ya han recibido autorización para proceder.
La controversia surgió el 28 de agosto de 2024, cuando la mandataria hondureña anunció la denuncia del tratado, argumentando que el acuerdo no favorecía los intereses nacionales y comprometía la soberanía del país.
Sin embargo, la decisión está vinculada a un evento que sacudió la política nacional: la filtración de un video que presuntamente muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, negociando con narcotraficantes contribuciones millonarias para la campaña del partido Libre en 2013.
Expertos en seguridad nacional y analistas políticos han manifestado su preocupación por las consecuencias de esta decisión. Advierten que la ausencia de un mecanismo de extradición podría convertir a Honduras en un refugio para criminales internacionales, además de señalar que la negociación y aprobación de un nuevo tratado podría llevar años o incluso décadas, debido a la complejidad del proceso diplomático y legal.
La terminación del tratado representa un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, especialmente en materia de cooperación judicial y lucha contra el crimen organizado transnacional.
La comunidad internacional observa con atención cómo el país centroamericano manejará los desafíos en materia de seguridad sin esta importante herramienta legal.
