Tegucigalpa – El reconocido defensor de Derechos Humanos, Wilfredo Méndez, ha lanzado fuertes cuestionamientos sobre la efectividad del Estado de Excepción que continúa vigente en Honduras, argumentando que los índices de inseguridad son superiores a las cifras oficiales presentadas por el gobierno.
«Los niveles de inseguridad son mayores, y en tan poco tiempo, con esos números son contraproducentes para una administración que no quiere mejorar», expresó Méndez en declaraciones que ponen en entredicho la estrategia de seguridad implementada por las autoridades actuales.
El activista señaló que el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya no ha realizado una reestructuración profunda en materia de seguridad ciudadana, sino que ha continuado con el mismo modelo utilizado por administraciones anteriores, sin lograr resultados significativos en la reducción de la violencia.
Debilidades institucionales persistentes
Méndez destacó varios factores que, según su análisis, contribuyen al fracaso de las políticas de seguridad actuales. Entre estos mencionó que «la Policía Nacional está corroída actualmente» y que los procesos de depuración no han sido efectivos para eliminar elementos negativos dentro de la institución.
Adicionalmente, el defensor de derechos humanos apuntó a la falta de avances en la investigación criminal y a las «muchas debilidades» que presenta el Ministerio Público en la formulación de requerimientos fiscales, elementos que limitan severamente la capacidad del sistema para enfrentar el crimen organizado.
Sin perspectivas de mejora
En su evaluación sobre el futuro inmediato, Méndez fue categórico al afirmar que no habrá una reforma profunda en materia de seguridad durante lo que resta del actual periodo gubernamental. Como evidencia de la grave situación, mencionó que solo en lo que va de 2025 ya se han registrado más de 15 masacres en el país.
«Hay un elemento agravante que cuando se da información de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, solo reportan muertos, y no lo hace con los heridos, con la gente que es extorsionada o es expulsada del país», denunció Méndez, sugiriendo que la dimensión real de la crisis de seguridad es mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales.
El defensor concluyó su intervención calificando el Estado de Excepción como «un fracaso», señalando que las autoridades ni siquiera han logrado recuperar el control de los territorios dominados por maras y pandillas, uno de los objetivos principales de esta medida extraordinaria.
