Tegucigalpa – El sistema judicial hondureño completó este viernes una fase crucial en el proceso contra los responsables de uno de los crímenes más impactantes de los últimos años, cuando la madrugada del 14 de julio de 2022, un comando armado que se hizo pasar por agentes de la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) asesinó a cuatro jóvenes en las inmediaciones de una discoteca ubicada en el centro comercial Torre Morazán de Tegucigalpa.
La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción declaró culpable a Daniel Alejandro Almendares Ordóñez por los delitos de asesinato de cuatro personas y asociación para delinquir, convirtiéndose en el cuarto condenado por esta masacre que conmocionó al país.
Las víctimas fueron Said Lobo Bonilla, hijo de 23 años del expresidente Porfirio Lobo Sosa, José Salomón Vásquez Chávez, sobrino del diputado Walter Chávez, Norlan Enrique Rodríguez Rivera, quien fungía como chofer del hijo del exmandatario, y Luis Armando Zelaya Rivera, sobrino del general Romeo Vásquez Velásquez.
El modus operandi de los atacantes fue particularmente calculado. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, un vehículo pickup negro sin placas arribó al lugar, del cual descendieron seis hombres armados vestidos con indumentaria de la FNAMP. Los sujetos procedieron a interceptar a las víctimas en el momento en que salían del centro nocturno, obligándolas a bajarse de sus vehículos, colocándolas contra una pared y disparándoles en múltiples ocasiones.
La complejidad del caso ha requerido un extenso proceso judicial que ya ha generado varias condenas. Previamente, Ever Ezequiel Espinoza Martínez fue sentenciado a 96 años de prisión por los mismos delitos de asesinato y asociación para delinquir. Asimismo, Norma Alicia García y Erick David Macias Rodríguez recibieron condenas de 12 años con ocho meses de cárcel por encubrimiento de asesinato y asociación para delinquir.
La audiencia de individualización de la pena para Almendares Ordóñez fue programada para el 7 de agosto a las 1:30 de la tarde, momento en el cual se determinará la extensión específica de su condena.
Este crimen impactó profundamente a la sociedad hondureña, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por el perfil de las víctimas, que incluía al hijo del expresidente y personas vinculadas a figuras políticas y militares prominentes. El caso ha mantenido la atención pública sobre la efectividad del sistema de justicia en casos de alta visibilidad y la persistencia de la violencia criminal en el país.
La investigación reveló conexiones con estructuras criminales organizadas, específicamente con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), cuyos miembros habrían sido contratados para perpetrar la masacre, según las autoridades policiales.
