Tegucigalpa – El equipo legal del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez rechazó categóricamente la validez del video divulgado recientemente por el Ministerio Público, calificándolo como una «prueba ilícita» que carece totalmente de eficacia probatoria según los estándares del proceso penal hondureño.
Hermes Ramírez, integrante del equipo de defensa legal del general Vásquez Velásquez, argumentó que el material audiovisual presentado por la Fiscalía «no sólo es una prueba ilícita, también constituye un elemento de prohibición, hay un protocolo riguroso para la obtención de estos medios de prueba». El abogado defensor expresó que su equipo espera desvanecer esta evidencia en el momento procesal oportuno.
La impugnación se fundamenta en el artículo 200 del Código Procesal Penal, que según explicó Ramírez, establece claramente cuándo una prueba es ilícita y cuándo es prohibida, indicando que cuando se incumplen normas procesales en relación a la obtención de los medios de prueba, no basta con que se presenten, sino que también deben demostrar la originalidad de cómo fueron obtenidos.
«Si este video ha sido producido en otras circunstancias, en otros escenarios o en otras jurisdicciones o no fue directamente obtenido por la autoridad competente, todo carece de total eficacia y total licitud», afirmó categóricamente Ramírez, cuestionando directamente la cadena de custodia y el origen del material audiovisual presentado por la acusación.
La estrategia defensiva se enfoca en atacar los aspectos procedimentales de la obtención de la evidencia, argumentando que cualquier irregularidad en el proceso de recolección invalida automáticamente el valor probatorio del video. Esta posición legal busca desacreditar uno de los elementos que podría considerarse clave en el caso que enfrenta el ex comandante de las Fuerzas Armadas.
La controversia sobre la validez de esta evidencia se produce en un contexto donde expertos legales ya habían cuestionado previamente la autenticidad y procedencia del material divulgado por la Fiscalía, generando un debate técnico sobre los estándares probatorios que deben cumplirse en procesos penales de alta complejidad. La defensa del general Vásquez Velásquez parece apostar a una estrategia procesal que privilegie el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso por encima del contenido específico de las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
