Tegucigalpa – La falta de confianza y legitimidad en los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido causada por el comportamiento de la clase política, según afirma la abogada Ana Pineda, quien también fue aspirante a magistrada.
Pineda resalta que, a pesar de que la Junta Nominadora (JN) cumplió con su deber en el proceso anterior, algunos diputados expresaron que una calificación de 0 era igual a una de 100, insinuando que la militancia partidaria no era suficiente, sino que también se requería una cercanía directa con el líder del partido.
Este tipo de actitudes por parte de los políticos envía un mensaje claro a los profesionales del derecho: aunque se presenten numerosas pruebas y evaluaciones, como pruebas escritas, orales, psicológicas, toxicológicas e investigaciones de patrimonio, al final parecieran no tener importancia.
En este contexto, la apatía se ha apoderado de la mayoría de los abogados en cuanto a la elección del Fiscal General y del Fiscal Adjunto. Pineda menciona que se ha planteado incluso la posibilidad de una reforma que permita la elección de un tercer fiscal, a fin de garantizar una representación de los tres partidos políticos mayoritarios.
Además, el proceso anterior dejó en claro que, además de la aprobación del partido al que el candidato pertenece, también se debe buscar el consenso de los otros dos partidos de oposición. Esto implica un alto costo para los profesionales que desean ejercer en una institución que se supone debe administrar justicia de manera imparcial.
Finalmente, Ana Pineda opina que si se continúa eligiendo a personas únicamente por su participación política activa, se estará creando un «instrumento» que persigue o deja de perseguir a quienes el líder político desee, lo cual no cumple con el mandato constitucional de ejercer la acción penal pública de manera independiente e imparcial.
