Choluteca – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó la medida de detención judicial contra el administrador de la sucursal de Koriun Inversiones en Choluteca durante la audiencia de declaración de imputado realizada este viernes en Tegucigalpa.
Gustavo Flores Carbajal, quien enfrenta acusaciones por el delito de lavado de activos, no pudo acreditar la procedencia lícita de más de 52 millones de lempiras durante el proceso judicial. El tribunal programó la audiencia inicial para el jueves 19 de junio a partir de las 9:00 de la mañana, donde se definirán los siguientes pasos del proceso penal.
Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, Flores Carbajal manejó de «manera antojadiza» 52 millones 482 mil 170.32 lempiras en sus cuentas personales, recursos que corresponden directamente a los aportes realizados por las personas que confiaron sus ahorros a la financiera no regulada.
Con esta imputación, Gustavo Flores Carbajal se convierte en la cuarta persona procesada por este complejo caso financiero. Anteriormente habían sido imputados el gerente Iván Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez y un empleado identificado como Marco Abel Villeda Galdámez.
Koriun Inversiones operó como una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) durante siete años consecutivos, funcionando ante la vista y paciencia de las autoridades competentes sin contar con la supervisión correspondiente del sistema financiero nacional.
La financiera estableció operaciones en múltiples regiones del país, incluyendo las ciudades de Choloma y Choluteca, así como en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Olancho y El Paraíso, captando recursos de miles de familias hondureñas en busca de alternativas de inversión.
La Fiscalía ha reiterado públicamente que Koriun Inversiones constituye una estafa piramidal, confirmando que la compañía operaba de forma completamente ilegal y que no existen registros contables confiables de sus accionistas que puedan garantizar la devolución de los recursos a todos los aportantes afectados por el esquema fraudulento.
