Tegucigalpa – La reconocida defensora de derechos humanos, Dina Meza, ha denunciado que aproximadamente 19 millones de lempiras destinados al Mecanismo de Protección para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos están siendo utilizados para la adquisición de vehículos blindados para altos funcionarios gubernamentales, desviando recursos que deberían proteger a quienes enfrentan amenazas por su labor.
Según información reciente, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) adjudicó un contrato de 19.3 millones de lempiras para el alquiler de ocho vehículos blindados mediante contratación directa, sin licitación pública, a la empresa Latin American Armored Rentals S.A. (LAARSA).
Curiosamente, la misma empresa había presentado una oferta de 7.2 millones de lempiras que fue rechazada por exceder el presupuesto disponible apenas meses antes .
«La libertad de prensa está en grave riesgo. Nos ofrecen querellas, cárcel, nos deslegitiman y nos cierran el acceso a la información por ejercer nuestra labor», manifestó Meza, quien además de ser periodista es directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU).
La defensora calificó la situación como «grave» y anunció que elevará el caso ante el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
La denuncia pone de relieve la precaria situación del Mecanismo de Protección, creado en 2015 para salvaguardar la integridad de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia bajo amenaza.
Según el Sistema Nacional de Protección (SNP), entre las medidas de seguridad que deberían ofrecerse están «escoltas personales institucionales o privadas, chalecos antibalas, vehículos blindados, la instalación de circuitos cerrados de TV, alarmas, sensores, botones de asistencia, cerraduras de seguridad y reubicación temporal» .
Sin embargo, Meza señala que la mayoría de periodistas y defensores de derechos humanos continúan sin acceso a estas medidas básicas de protección.
«Hay personas con amenazas graves que necesitan ser desplazadas de sus comunidades, que requieren cámaras de seguridad, serpentinas, muros y otras medidas físicas. Sin embargo, no se les brinda ningún tipo de apoyo», explicó.
La situación es particularmente grave considerando que la propia Meza ha enfrentado acoso, vigilancia y amenazas por su labor. En 2013 tuvo que abandonar temporalmente el país debido a amenazas contra su vida, y en 2022 denunció nuevamente acoso y vigilancia por su trabajo en defensa de la libertad de expresión .
ASOPODEHU ha exigido transparencia en el uso de los fondos del Mecanismo de Protección y la reorientación de los recursos hacia las personas en riesgo, haciendo un llamado a la comunidad internacional a monitorear de cerca el deterioro de la libertad de expresión en Honduras.
