Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal Maribel Espinoza criticó este martes la inacción del Ministerio Público hondureño al compararlo con la fiscalía de Costa Rica, que inició una investigación contra el presidente Rodrigo Chaves por presunto uso de recursos irregulares en financiamiento de campaña, evidenciando el contraste entre ambos sistemas de justicia en el procesamiento de altos funcionarios.
«Que diferencia entre Costa Rica y Honduras, allá meten presos a políticos corruptos ligados a narcos, mientras que, en Honduras, al parecer el MP es sordo, mudo y ciego para perseguir a politiqueros», sentenció Espinoza a través de su cuenta de X, utilizando el caso costarricense para cuestionar la efectividad del sistema de justicia nacional.
La legisladora liberal hizo referencia específica a casos hondureños donde «ya sabemos que recibieron dinero del narco y cuyos nombres salieron públicamente en corte de New York, así como aquellos que aparecen en videos públicos», aludiendo a revelaciones judiciales internacionales que han involucrado a figuras políticas hondureñas sin derivar en procesamientos locales.
La crítica de Espinoza se fundamenta en el contraste con la acción de la fiscalía costarricense, que no solo investigó al presidente Chaves sino que involucró a «seis políticos más» en el caso de financiamiento político ilícito, demostrando que en Costa Rica la justicia actúa «incluso contra altos funcionarios» independientemente de su investidura.
La investigación costarricense incluye una «solicitud ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se levante la inmunidad de Chaves y se lleve el caso a juicio por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito», evidenciando un proceso judicial que avanza sin obstáculos institucionales.
Espinoza estableció una conexión directa entre la impunidad política y el desarrollo nacional al señalar que «mientras no se depuren todos los partidos de narcos y corruptos, el país no avanzará hacia su desarrollo», sugiriendo que la falta de accountability constituye un obstáculo estructural para el progreso hondureño.
Las declaraciones de la diputada liberal reflejan «el constante reclamo de sectores políticos y sociales sobre la falta de acción del Ministerio Público ante casos de presunta vinculación entre narcotráfico y figuras políticas», un tema recurrente en el debate público nacional.
El contraste señalado por Espinoza adquiere relevancia en el contexto hondureño, donde revelaciones en cortes estadounidenses han expuesto vínculos entre políticos nacionales y organizaciones criminales, pero estos señalamientos no han derivado en investigaciones o procesamientos equivalentes por parte del sistema de justicia local.
La comparación con Costa Rica también evidencia diferencias en la independencia judicial entre ambos países, donde la fiscalía costarricense demuestra capacidad para investigar al más alto nivel gubernamental, mientras que en Honduras persisten cuestionamientos sobre la autonomía del Ministerio Público frente al poder político.
La crítica de Espinoza se suma a voces que han cuestionado la efectividad del sistema de justicia hondureño para procesar casos de corrupción política de alto nivel, especialmente aquellos que involucran vínculos con organizaciones criminales internacionales.
El caso costarricense utilizado como referencia por la diputada liberal demuestra que es posible en el contexto centroamericano que las instituciones de justicia actúen contra presidentes en ejercicio cuando existen indicios de irregularidades, estableciendo un precedente regional que contrasta con la percepción de impunidad que caracteriza el sistema hondureño.
