Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, denunció que fue silenciada en el pleno del Congreso Nacional cuando intentó manifestar su rechazo al controversial proyecto de ley que pretende abreviar los procesos para la obtención de licencias ambientales, conocido popularmente como ley de licencias «exprés».
«La semana pasada pedí la palabra en el Congreso Nacional pero no me la dieron para expresar mi preocupación por la ley presentada por el presidente del Congreso», reveló Urtecho, evidenciando tensiones en el manejo del debate legislativo sobre temas ambientales sensibles.
Ante esta restricción a su derecho de expresión como parlamentaria, la diputada optó por utilizar sus redes sociales para exponer detalladamente las razones de su oposición al proyecto impulsado por Luis Redondo. Sus críticas apuntan a cuatro aspectos fundamentales que, según argumenta, comprometen gravemente la protección ambiental en Honduras.
Urtecho señala que la iniciativa contraviene la legislación ambiental vigente en el país, ignora la obligación de realizar consultas libres, previas e informadas a los pueblos indígenas, elimina procesos rigurosos en el otorgamiento de licencias ambientales y debilita los mecanismos de participación ciudadana en decisiones sobre recursos naturales.
«Todo esto podría acelerar la destrucción de nuestros ecosistemas y continuar desplazando a los pueblos originarios de sus territorios», advirtió la legisladora, quien además contextualiza su preocupación en el historial de violencia que ha caracterizado los conflictos socioambientales en Honduras.
La parlamentaria recordó que incluso bajo el marco regulatorio actual, considerablemente más estricto, Honduras ha experimentado una devastación progresiva de sus recursos naturales, fenómeno que ha estado acompañado por actos de violencia contra defensores ambientales. En este sentido, mencionó específicamente los asesinatos de figuras emblemáticas como Berta Cáceres, Janneth Kawas y, más recientemente, Juan López.
En respuesta a esta realidad, Urtecho hizo un llamado enfático al gobierno para que demuestre un compromiso real con la protección de los defensores ambientales mediante la firma del Acuerdo de Escazú, instrumento internacional diseñado precisamente para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente en América Latina y el Caribe.
La diputada, quien representa a La Mosquitia hondureña, región que alberga más del 51% de la biodiversidad del país, subrayó que su posicionamiento expresa la voz colectiva de los cuatro pueblos originarios de su departamento: miskitos, tawahkas, pech y garífunas.
«Me pronuncio en contra de este proyecto. Destruyendo nuestros recursos naturales no se construye desarrollo», concluyó la legisladora, planteando un cuestionamiento de fondo sobre el modelo de desarrollo económico que subyace a iniciativas como la ley de licencias «exprés».
La controversia sobre este proyecto de ley ocurre en un contexto donde Honduras enfrenta crecientes desafíos ambientales, incluyendo una de las tasas más altas de deforestación en Latinoamérica y conflictos recurrentes entre comunidades locales y proyectos extractivos, energéticos y agroindustriales.
