Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, afirmó categóricamente que no se requiere cerrar el acta de una sesión para otorgar validez a lo aprobado durante la misma, argumentando que la ratificación de actas ha sido únicamente una costumbre en el Legislativo para efectos de registro.
«Se ha creído que la validez de lo que aprobamos en el Congreso Nacional está sujeto a la ratificación de una acta, eso no se corresponde con el procedimiento parlamentario que se establece en la Ley Orgánica», aseguró el legislador, agregando que en ningún momento se establece como requisito ese extremo para dar validez a las aprobaciones parlamentarias.
En su interpretación legal del procedimiento legislativo, el abogado Barrios manifestó que «la ratificación del acta no convalida lo que ya se aprobó o improbó en el Congreso Nacional», estableciendo una distinción clara entre el proceso de aprobación de iniciativas y el registro documental de las sesiones.
Esta posición del oficialismo contrasta directamente con los argumentos de la oposición, que ha condicionado su participación en las sesiones parlamentarias a la ratificación previa de actas de sesiones anteriores, generando el estancamiento que ha caracterizado las últimas semanas del trabajo legislativo.
En tal sentido, Barrios defendió que los parlamentarios pueden proceder a aprobar el presupuesto electoral de los comicios generales sin necesidad de ratificar actas previas, explicando que «se vuelve a enviar y se ratifica el acta o no, no es un requisito sine qua non de lo ya aprobado en el Congreso Nacional».
Esta interpretación busca destrabar el impasse parlamentario que ha impedido la aprobación del presupuesto electoral, considerado urgente para el desarrollo de las elecciones generales programadas para noviembre.
La oposición, por su parte, mantiene su propuesta de cerrar el acta de la sesión del 7 de mayo y aprobar el presupuesto electoral en una nueva sesión extraordinaria, argumentando que no desean quebrantar la ley al introducir el presupuesto electoral en el acta donde se aprobaron los tres préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (CAF).
Esta posición opositora refleja una interpretación más estricta del procedimiento parlamentario, donde consideran necesario mantener la separación temática entre diferentes tipos de aprobaciones legislativas para garantizar la transparencia y legalidad de los procesos.
El debate sobre la validez de las actas parlamentarias trasciende el aspecto meramente procedimental para convertirse en una disputa sobre el control de la agenda legislativa y la legitimidad de las decisiones parlamentarias.
La interpretación del diputado Barrios, respaldada por el oficialismo, busca acelerar la aprobación de iniciativas prioritarias sin depender de los procedimientos que la oposición utiliza como mecanismo de control político.
Esta controversia evidencia las tensiones institucionales que caracterizan el actual período legislativo, donde las diferencias sobre procedimientos parlamentarios se han convertido en herramientas de confrontación política que afectan la aprobación de asuntos de interés nacional, particularmente aquellos relacionados con el proceso electoral que se aproxima.
