Tegucigalpa – El diputado Ramón Carranza Discua, representante del Partido Nacional por el departamento de El Paraíso, hizo un enérgico llamado a poner fin al estado de excepción que rige en Honduras desde diciembre de 2022, respaldando la reciente postura de organismos internacionales que han cuestionado la prolongada suspensión de garantías constitucionales.
«La @ONU_es por medio de @OACNUDH, ha hecho un llamado claro: es hora de poner fin al estado de excepción en Honduras», expresó Carranza a través de su cuenta en la red social X, haciendo referencia al pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El congresista opositor enfatizó la necesidad de restaurar plenamente los derechos ciudadanos, especialmente considerando la proximidad del proceso electoral. «A las puertas de un proceso electoral crucial, es imperativo devolver al pueblo sus libertades y restablecer el orden constitucional», destacó, sugiriendo que la continuidad de las medidas excepcionales podría comprometer la integridad de los comicios programados para noviembre.
Carranza fue contundente al afirmar que «la democracia no se construye desde el miedo ni el abuso de poder, sino con respeto a la ley y los derechos humanos», estableciendo una crítica implícita a la administración de Xiomara Castro por mantener vigente un régimen de excepción que ha sido objeto de cuestionamientos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
«Me sumo con firmeza a ese llamado. Es momento de recuperar la institucionalidad y defender con valentía nuestras libertades», manifestó el legislador, quien concluyó su mensaje con una advertencia: «Si no exigimos, seremos espectadores de nuestra decadencia».
El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, fue implementado por el gobierno como parte de su estrategia contra la violencia y la extorsión, permitiendo restricciones a la libertad de tránsito, asociación y otras garantías constitucionales. Aunque inicialmente fue anunciado como una medida temporal, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición política.
