Tegucigalpa – El escándalo de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continúa expandiéndose con nuevas revelaciones que apuntan a irregularidades sistémicas en el manejo de recursos estatales, tras las declaraciones del diputado oficialista Ramón Barrios sobre distribución desigual de fondos sociales entre congresistas.
Barrios, del mismo Partido Libertad y Refundación (Libre) que gobierna el país, solicitó este sábado al Ministerio Público investigar «por qué algunos congresistas reciben mayores cantidades de dinero para ejecutar ayudas sociales, en comparación con otros miembros del Congreso Nacional», revelando una problemática que trasciende el caso específico del video comprometedor entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona.
El legislador confirmó que «no todos los diputados tienen acceso a los mismos recursos destinados a proyectos sociales», evidenciando una distribución desigual que plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar fondos públicos destinados a programas de beneficio comunitario.
«Creo que se debe seguir investigando porque no todos los diputados tenemos acceso a las mismas cantidades de esos fondos», declaró Barrios, documentando «casos en los que algunos congresistas reciben montos significativamente mayores» sin explicación aparente sobre las razones de esta disparidad.
Contexto del escándalo Sedesol
Las declaraciones de Barrios se producen en medio de la crisis más severa que ha enfrentado el gobierno de Libre en materia de transparencia, desatada tras la filtración de un video que muestra a la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, conversando con el entonces ministro Cardona sobre el presunto uso de fondos de Sedesol para fines políticos en el departamento de Copán.
El escándalo del «cheque video» resultó en la renuncia irrevocable de Cardona durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada el viernes, convirtiéndose en el primer funcionario de alto nivel en caer por irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la actual administración.
Sin embargo, la revelación de Barrios sobre distribución desigual de fondos sugiere que las irregularidades podrían ser más amplias y sistemáticas de lo inicialmente percibido, afectando no solo a Sedesol sino al conjunto del sistema de asignación de recursos para programas sociales.
Críticas académicas a la respuesta gubernamental
Paralelamente, la respuesta del gobierno al escándalo ha recibido cuestionamientos desde el ámbito académico. Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y reconocida socióloga, calificó la renuncia de Cardona como una «maniobra política» diseñada para contener daño electoral más que para combatir genuinamente la corrupción.
«Es una reacción supuestamente indignada, pero claramente calculada», declaró Castellanos, señalando que casos similares de irregularidades como el «planillazo» en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las denuncias del exministro de Transparencia Edmundo Orellana, y las múltiples compras directas gubernamentales no han recibido la misma atención ni generado consecuencias similares.
La académica sugiere que la rapidez de la respuesta gubernamental responde a consideraciones electorales, buscando «evitar comparaciones con gestiones anteriores del Partido Nacional y frenar el daño político de cara a las elecciones generales» de noviembre.
Mecanismos de distribución de fondos
Barrios aprovechó sus declaraciones para aclarar aspectos procedimentales sobre el manejo de fondos sociales, enfatizando que «el dinero público no es entregado en efectivo ni en cheques a los diputados, sino que se liquida directamente a través de mecanismos establecidos para favorecer a las comunidades».
Esta aclaración cobra relevancia en el contexto del video filtrado, donde se evidencian prácticas que aparentemente contrastan con los procedimientos oficiales descritos por el diputado oficialista.
El parlamentario defendió que «la mayoría de los diputados han administrado estos recursos de forma eficiente y en favor del pueblo», sugiriendo que las irregularidades podrían ser casos aislados más que prácticas generalizadas.
Dimensiones sistémicas del problema
Las revelaciones de Barrios sobre distribución desigual añaden una nueva dimensión al escándalo, sugiriendo que las irregularidades van más allá del caso específico de Cuéllar y Cardona. El hecho de que un diputado del partido gobernante admita públicamente estas disparidades indica la existencia de problemas estructurales en el sistema de asignación de recursos.
Castellanos complementó esta perspectiva advirtiendo que «este no es el único caso, hay más instituciones ejecutoras de proyectos bajo sospecha», sugiriendo que las irregularidades podrían extenderse a otras entidades estatales.
Presión sobre el Ministerio Público
Tanto Barrios como otros sectores políticos han dirigido sus demandas hacia el Ministerio Público, exigiendo investigaciones exhaustivas que vayan más allá del caso específico del video filtrado. La institución fiscal enfrenta ahora la presión de determinar si las irregularidades son casos aislados o parte de patrones más amplios de mal manejo de fondos públicos.
El escándalo representa un desafío significativo para el gobierno de Libre, que llegó al poder con promesas de transparencia y combate a la corrupción. La crisis pone a prueba la coherencia de su discurso anticorrupción y su capacidad para mantener credibilidad ante la opinión pública en un año electoral crucial.
La permanencia de Isis Cuéllar en su cargo, pese a estar igualmente involucrada en el video comprometedor, será vista como un indicador clave de la voluntad política real del gobierno para enfrentar las irregularidades de manera consistente e imparcial.
