Tegucigalpa – El parlamentario y exfiscal Jari Dixon Herrera marcó distancia este jueves del gobierno central al expresar su oposición a la construcción de un centro penitenciario en territorio misquito, una región que, según señaló, ha sido históricamente desatendida por las autoridades nacionales.
A través de su cuenta en la red social X, Dixon manifestó que, aunque generalmente respalda las decisiones gubernamentales, en este caso particular considera inconveniente el proyecto.
La declaración del diputado se produce en un momento de intenso debate, donde el Consejo de Ancianos del pueblo Misquito ha denunciado que el proyecto no solo amenaza con alterar su paz social ancestral, sino que ya ha cobrado su primera víctima en la lucha contra esta iniciativa.
La comunidad misquita se opone firmemente al plan de construir una cárcel de emergencia destinada a albergar más de veinte mil reclusos del interior del país.
Entre las principales preocupaciones expresadas por la población local se encuentran el potencial aumento de la criminalidad en los municipios, impactos ambientales negativos, alteraciones sociales y culturales, además del riesgo de invasión y usurpación de territorios indígenas.
Esta no es la primera vez que Dixon adopta una postura crítica frente a decisiones gubernamentales.
Anteriormente cuestionó la decisión de la presidenta Castro de denunciar el tratado de extradición, evidenciando una creciente tendencia a manifestar posiciones independientes en temas cruciales de política nacional.
