Tegucigalpa – El escándalo de fondos públicos de Sedesol recibió una nueva dimensión cuando el propio diputado suplente de Isis Cuéllar rompió filas para denunciar públicamente el nivel de control político que ejerce la vicepresidenta del Congreso Nacional en el departamento de Copán, revelando un sistema de poder que trasciende su función legislativa.
Víctor Hugo Romero, también del Partido Libertad y Refundación (Libre), declaró este lunes que Cuéllar «es la que maneja todo en el departamento de Copán, las instituciones de gobierno: educación, salud, IP, Copeco, todo lo que se llama estructuras de gobierno, ella es la que pone y quita, da las órdenes en el departamento».
Esta revelación expone una concentración de poder informal que explicaría cómo la diputada logró canalizar fondos de Sedesol hacia estructuras partidarias en su zona de influencia, según se evidenció en el «cheque video» que resultó en la renuncia del ministro José Carlos Cardona.
Romero añadió que «él no puede ayudarle a la gente porque ella le obstaculizó todo», evidenciando tensiones internas que van más allá del escándalo actual y sugieren un manejo personalizado de recursos públicos que habría marginado incluso a su compañero de curul.
El diputado suplente exigió transparencia sobre aspectos específicos del escándalo, declarando que «esperamos que la diputada dé la cara y pueda dar los nombres del listado de 70 personas que mencionan supuestamente en un chat». Romero señaló que «muchos de los que aparecen en esa lista no tienen ninguna necesidad de recibir ayuda», sugiriendo que los fondos no llegaron necesariamente a beneficiarios legítimos.
Romero se distanció claramente de su compañera legislativa, reiterando que «no está muy cerca de ella» y defendiendo que «él sólo puede responder por sus acciones, pero no por su compañera de curul», estableciendo una separación política y personal que resulta inusual entre diputados del mismo partido por el mismo departamento.
El legislador contrastó su posición con el silencio mantenido por Cuéllar desde que estalló el escándalo, declarando que «yo ya hubiera salido a dar declaraciones, uno tiene que dar la cara, yo sería uno de los que mejor renunciaría a mi cargo para ponerme a disponibilidad de las instituciones que están investigando».
Esta comparación implícita critica la estrategia de Cuéllar de mantenerse en funciones sin ofrecer explicaciones públicas detalladas sobre su participación en el manejo de fondos de Sedesol, contrastando con la renuncia inmediata que presentó Cardona.
Romero explicó que «el alejamiento de su diputada propietaria se dio porque ésta no estaba preparada para asimilar el poder y eso hizo que se quebrantara la amistad», sugiriendo que las diferencias actuales tienen raíces en desacuerdos sobre el ejercicio del poder político que anteceden al escándalo actual.
Con una perspectiva electoral explícita, el diputado suplente argumentó que la renuncia de Cuéllar «es un bien para todos» porque «ya se acercan las elecciones el 30 de noviembre y el partido Libre tiene que demostrar que somos diferentes, que no nos prestamos a la corrupción y que limpiamos la imagen del país».
Esta declaración refleja la preocupación interna del oficialismo sobre el impacto electoral del escándalo y la necesidad de tomar medidas drásticas para preservar credibilidad ante el electorado. Romero enfatizó que «los diputados de Libre tienen que limpiarle la imagen a ese instituto político y al gobierno de Xiomara Castro de cara a la próxima contienda electoral».
Las declaraciones de Romero representan la primera crítica pública desde dentro de la estructura partidaria de Libre contra Cuéllar, añadiendo presión interna a las demandas externas de renuncia que ya habían expresado organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción y sectores de la sociedad civil.
La revelación sobre el control institucional de Cuéllar en Copán sugiere que el escándalo de Sedesol podría ser representativo de un patrón más amplio de concentración de poder informal que trasciende las funciones legislativas formales, convirtiendo a ciertos diputados en verdaderos caciques regionales.
El llamado explícito de Romero para que Cuéllar renuncie por el bien electoral del partido marca un punto de inflexión en el manejo interno del escándalo, evidenciando que la estrategia de silencio y permanencia en el cargo genera costos políticos incluso dentro de las propias filas oficialistas.
Las declaraciones también exponen divisiones internas en la representación de Copán que podrían tener implicaciones más amplias para la cohesión del oficialismo en un momento crítico de cara a las elecciones generales de noviembre.
