Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, expresó este viernes sus dudas sobre la existencia de una investigación real en torno al controvertido narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
«Hasta lo que hoy conocemos, no creemos que exista una investigación», declaró Castellanos a periodistas, cuestionando directamente la respuesta del Ministerio Público frente a uno de los escándalos políticos más graves revelados en los últimos meses.
La funcionaria del organismo anticorrupción criticó la postura adoptada por el titular del Ministerio Público, quien ha sostenido consistentemente que «los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil no van a dictar la pauta de lo que se investiga y de lo que no», una respuesta que Castellanos considera insuficiente frente a la gravedad de las evidencias presentadas.
«A todas luces creo que hay temas de esta administración importantes para que el Ministerio Público pueda investigar», externó la directora del CNA, sugiriendo que existen elementos suficientes que ameritarían una investigación formal y transparente sobre el caso.
El narcovideo en cuestión fue publicado en septiembre de 2024 por InSight Crime y Univisión, desatando un escándalo político de grandes proporciones al mostrar al entonces diputado Carlos Zelaya en una reunión realizada en 2013 con miembros del cartel Los Cachiros, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas que operaba en Honduras.
En las imágenes se observa a Zelaya negociando presuntamente una contribución millonaria de parte de los capos de la droga para la campaña electoral del partido Libre de 2013, que llevó al poder a su hermana Xiomara Castro. El video también incluye menciones a «la mitad para el comandante», frase que generó especulaciones sobre otros posibles beneficiarios de estos fondos ilícitos.
La revelación de este material audiovisual coincide temporalmente con el procesamiento judicial de varios miembros del cartel Los Cachiros en cortes estadounidenses, donde han proporcionado testimonios detallados sobre sus operaciones de soborno a funcionarios hondureños.
Las declaraciones de Castellanos reflejan la frustración de organizaciones de transparencia que han exigido una respuesta institucional contundente frente a evidencias que podrían configurar delitos graves como financiamiento electoral ilícito, lavado de activos y vínculos con el crimen organizado.
El caso ha generado un contraste notable con la rapidez con que el Ministerio Público ha actuado en otros casos, como el reciente requerimiento fiscal presentado contra el general Romeo Vásquez Velásquez por supuestos vínculos con narcotraficantes, basado también en material audiovisual.
La posición del CNA cobra particular relevancia considerando que se trata de un organismo creado precisamente para fortalecer la lucha anticorrupción en Honduras, y sus señalamientos ponen en entredicho la independencia y efectividad del sistema de justicia para investigar casos que involucran a figuras cercanas al poder político actual.
La situación ha intensificado el debate sobre la aplicación selectiva de la justicia en Honduras, especialmente cuando se trata de casos que involucran a miembros del círculo cercano a la administración actual, generando cuestionamientos sobre la verdadera independencia del Ministerio Público.
