La Mosquitia, Honduras – Los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas hondureños enfrentan una nueva amenaza que genera movilización defensiva en el Caribe nacional. La dirigente misquita Mirna Wood denunció que el gobierno hondureño comprometió recursos pesqueros de La Mosquitia mediante un acuerdo con Venezuela firmado sin consulta a las comunidades originarias que habitan y protegen estos territorios desde tiempos ancestrales.
El conflicto se origina en la participación de funcionarias hondureñas en el proyecto «Agro Alma Azul» desarrollado en territorio venezolano. Según Wood, la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, y la directora general de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), Kaina Alvarado, viajaron hace tres días a Venezuela para firmar un pacto de cooperación agroalimentaria y pesquera que afecta directamente el rubro pesquero de las costas misquitas.
La reacción indígena trasciende la protesta para convertirse en advertencia de resistencia territorial. «¡Cómo dueles, Honduras! Cómo dueles mi Mosquitia, rica en recursos, pero devastada por quienes deberían protegerla», expresó Wood con dolor y determinación.
La dirigente calificó el acuerdo como «alerta máxima» para los pueblos indígenas del Caribe hondureño, cuestionando directamente la autoridad ministerial: «Ministra Laura, ¿quién le dio permiso para ir a comprometer los recursos marítimos de nuestras costas? ¡Ni con Venezuela ni con nadie!»
La crítica de Wood se extiende hacia el funcionamiento general del gobierno actual, caracterizando a los funcionarios como «pirañas que por donde pasan dejan destrucción miseria y dolor». Particularmente severa resultó su evaluación sobre el papel de las mujeres en posiciones de poder: «Mujeres en el poder que deberían ser ejemplo, hoy son una vergüenza. Pero su firma con Venezuela no sirve. Las tierras de La Mosquitia no las tocarán».
La estrategia de resistencia indígena contempla la internacionalización del conflicto ante la persistencia de decisiones unilaterales desde Tegucigalpa. «Si a mí me toca acudir a la comunidad internacional, lo haré. A ustedes hay que enseñarles a respetar», advirtió Wood, mientras anunció su disposición de denunciar ante organismos internacionales lo que considera violación a los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios.
La versión oficial minimiza el alcance del acuerdo, con el gobierno asegurando que «solo se trató de un viaje para escuchar propuestas», aunque sectores pesqueros locales confirmaron que las autoridades de la SAG sí firmaron el convenio con representantes venezolanos.
Esta discrepancia entre declaraciones oficiales y evidencias locales alimenta la desconfianza comunitaria expresada por un líder pesquero: «No es la primera vez que vienen desde Tegucigalpa a decidir sobre nuestras tierras sin siquiera consultarnos». La tensión regional continúa escalando mientras los pueblos indígenas se preparan para defender nuevamente su derecho fundamental a decidir sobre sus recursos y su futuro territorial.
