Tegucigalpa – En medio de la controversia generada por la imposición del libro «Golpe 28-J» en instituciones educativas hondureñas, la designada presidencial Doris Gutiérrez ha tomado una postura clara en defensa de los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos.
«Los padres también tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que van a recibir sus hijos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución que nosotros juramos proteger», expresó Gutiérrez con firmeza, marcando distancia de la iniciativa gubernamental que ha generado debate en el ámbito educativo nacional.
La funcionaria puso el énfasis en que debería priorizarse la enseñanza de la Constitución de la República en los centros educativos. Según Gutiérrez, el conocimiento de la Carta Magna debería ser obligatorio, observando que frecuentemente «ni los que están en un buen cargo de elección popular se la saben».
En esta línea, la designada presidencial propuso una reforma educativa sustancial: «La Constitución de la República, este es el libro. Habría de haber una asignatura directa que se llame derecho constitucional para que todos los hondureños, incluso, deberían tener una copia de esta Constitución de la República para poder cumplir nuestros deberes y exigir nuestros derechos».
Si bien Gutiérrez no descartó la importancia de la enseñanza histórica como componente educativo, subrayó que esta debe presentarse en un contexto más amplio y generalizado, no limitado a una sola perspectiva. «La Constitución también dice que hay que enseñar la historia y hay que enseñar la geografía también de forma obligatoria, pero lógicamente en un contexto amplio en todo», concluyó.
Las declaraciones de Gutiérrez se producen en un momento de tensión entre sectores que defienden la introducción del libro «Golpe 28-J» —que narra los acontecimientos del golpe de Estado de 2009 desde una perspectiva particular— y quienes consideran que su imposición representa una forma de adoctrinamiento político en las aulas hondureñas.
El pronunciamiento de la designada presidencial refleja una fisura dentro del propio gobierno sobre temas educativos, evidenciando las diferentes visiones que coexisten en la actual administración respecto a la enseñanza de acontecimientos históricos recientes y el papel de las instituciones educativas en la formación ciudadana.
