Tegucigalpa – El reconocido economista Roberto Lagos ha encendido el debate público al plantear una serie de cuestionamientos críticos sobre la sorpresiva iniciativa gubernamental de utilizar fondos públicos para indemnizar a los miles de hondureños afectados por el colapso de Koriun Inversiones, empresa señalada por las autoridades como operadora de un esquema Ponzi.
Las preguntas de Lagos surgen como respuesta directa al anuncio realizado por Marcio Sierra Discua, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), quien confirmó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro se está elaborando un proyecto de ley que permitiría destinar recursos del Presupuesto Nacional para compensar económicamente a quienes perdieron su dinero tras invertir en esta empresa no regulada.
«A los expertos en derecho: ¿Está propasando el comisionado presidente de la CNBS sus funciones elaborando un decreto de esta naturaleza?», cuestionó Lagos a través de sus redes sociales, poniendo en duda la competencia institucional del organismo regulador para proponer una medida de tal alcance fiscal y legal.
El economista profundizó su análisis al cuestionar la legitimidad ética y fiscal de la propuesta: «¿Es correcto usar recursos del presupuesto para indemnizar a los afectados por Koriun, una empresa vinculada a actividades de origen ilícito y que no pagaba impuestos?». Esta interrogante pone el foco en la contradicción inherente de utilizar fondos provenientes de los contribuyentes para compensar a quienes voluntariamente invirtieron en una entidad que operaba al margen del sistema tributario formal.
Lagos también interpeló directamente a los legisladores que eventualmente deberán votar sobre esta iniciativa: «A los diputados: ¿Están conscientes de la magnitud de lo que están aprobando?». Esta pregunta sugiere preocupaciones sobre las implicaciones presupuestarias, el precedente legal y las consecuencias a largo plazo que tal decisión podría generar en la administración pública hondureña.
El cuestionamiento del economista se extendió hacia las posibles repercusiones internacionales de la medida, al preguntar: «¿Qué piensan los organismos multilaterales de esta iniciativa del Gobierno?». Esta referencia a entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que mantienen acuerdos de financiamiento con Honduras condicionados a parámetros de disciplina fiscal, sugiere inquietudes sobre cómo esta propuesta podría afectar la credibilidad financiera del país ante sus socios internacionales.
La propuesta gubernamental ha generado una ola de reacciones contrapuestas. Mientras los afectados por Koriun —que según estimaciones superan las 35,000 personas— han recibido con optimismo la posibilidad de recuperar parte de sus inversiones, diversos sectores profesionales, empresariales y de la sociedad civil han manifestado serias reservas sobre el precedente que se establecería.
El debate se intensifica en un contexto donde las autoridades judiciales han confirmado que Koriun operaba como un esquema Ponzi, utilizaba testaferros para manejar cuentas bancarias y carecía de registros contables formales que permitieran identificar claramente a todos los aportantes y los montos involucrados, lo que complica cualquier proceso de compensación ordenado y transparente.
La postura crítica de Lagos refleja preocupaciones compartidas por diversos analistas económicos sobre las implicaciones fiscales, los mensajes institucionales y los incentivos que tal medida podría generar en el comportamiento financiero futuro de la población, en un país donde la educación financiera limitada y la búsqueda de rendimientos rápidos crean terreno fértil para esquemas similares.
El desarrollo de esta iniciativa será seguido atentamente en los próximos días, mientras el Congreso Nacional se prepara para recibir un proyecto que podría sentar un precedente histórico en la gestión de crisis financieras provocadas por entidades no reguladas en Honduras.
