Tegucigalpa – El exfiscal General de la República y exministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, ha levantado serias dudas sobre el manejo del caso Koriun Inversiones, empresa que fue allanada e intervenida por el Ministerio Público (MP) a finales de abril, pero que aún no enfrenta acciones judiciales formales.
En una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Orellana planteó siete cuestionamientos que apuntan a posibles irregularidades en el procedimiento.
«El MP intervino porque CNBS presentó denuncia, ¿por qué no se ha iniciado el proceso judicial?», preguntó el exfiscal, señalando la incongruencia entre la intervención pública y la ausencia de acciones legales posteriores.
La intervención a Koriun, ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos el 23 de abril, resultó en el hallazgo y contabilización pública de 358,721,490 lempiras durante inspecciones en diversas sucursales y en la residencia del representante legal, Iván Abad Velásquez.
Orellana cuestionó la legalidad del procedimiento de devolución de fondos anunciado por las autoridades: «¿Se puede devolver el dinero sin autorización judicial?» y «¿Procede legalmente la devolución por liquidación si la empresa no es financiera?».
Estas preguntas surgen después de que el Fiscal General, Johel Zelaya, ordenara públicamente que los administradores de Koriun debían devolver los ahorros a los socios, priorizando a quienes tuvieran menores depósitos.
Una de las contradicciones más evidentes señaladas por Orellana es que, a pesar de que tanto el MP como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) calificaron las operaciones de Koriun como ilegales, la empresa continúa operando. «Si lo que hace es ilegal, ¿por qué sigue operando?», cuestiona el exfiscal.
Adicionalmente, Orellana señala otra inconsistencia: «Si los socios responden penalmente por la gestión ilegal, ¿por qué nadie ha sido acusado?». Este punto resulta particularmente relevante considerando que a la fecha no existe ningún requerimiento fiscal contra funcionarios de Koriun, a pesar de las graves acusaciones públicas realizadas por las autoridades.
Las dos preguntas finales de Orellana apuntan a la legalidad general del procedimiento y sus potenciales consecuencias: «¿Cree Ud que lo actuado por los entes estatales es de acuerdo con la ley?» y «¿Cree Ud que este caso socava la seguridad jurídica?».
El caso ha generado confusión entre los aproximadamente 30 mil inversionistas o «socios» de Koriun, cuyos fondos están en riesgo. Mientras tanto, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) informó que la empresa solo tiene unos 69 millones de lempiras en cuentas bancarias «congeladas», cifra muy inferior a los 358 millones exhibidos públicamente por el MP.
Incluso figuras de alto nivel político se han pronunciado sobre el caso. El expresidente y actual asesor presidencial, Manuel «Mel» Zelaya, manifestó que tanto él como la presidenta Xiomara de Zelaya están de acuerdo en garantizar la devolución del dinero a los aportantes, a pesar de que no está claro el fundamento jurídico para dicha devolución.
Los cuestionamientos de Orellana ponen de relieve posibles irregularidades en un caso que ha capturado la atención pública y generado preocupación sobre la seguridad jurídica y la protección a los ahorrantes en el sistema financiero hondureño.
