Tegucigalpa – Honduras vive una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente. Lo que comenzó como la presentación de un video que supuestamente muestra al general en retiro Romeo Vásquez Velásquez recibiendo dinero de narcotraficantes se ha convertido en un espejo despiadado que refleja las fracturas del sistema de justicia, la instrumentalización política de las instituciones y la guerra de narrativas que define el actual momento político del país centroamericano.
El epicentro de la tormenta es un material audiovisual de calidad cuestionable que, según el Ministerio Público, muestra a Vásquez—exjefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de Manuel Zelaya—en una reunión con narcotraficantes donde recibe una bolsa negra con dinero ilícito. Sin embargo, desde su difusión, el video ha sido objeto de un escrutinio técnico y legal que ha puesto en duda no solo su autenticidad, sino la credibilidad misma del sistema de justicia hondureño.
Las grietas de la evidencia

La primera fisura en la narrativa oficial surgió de la propia comunidad forense internacional. Mike Vigil, exdirector de Operaciones de la DEA y especialista con décadas de experiencia en investigaciones antinarcóticos, fue categórico: «Ese video aquí en los Estados Unidos, un juez federal no iba a permitir que se presentara como evidencia». Su evaluación técnica destrozó los fundamentos del caso: «¿Qué tipo de evidencia es? Enseñan a Romeo Vásquez sentado en una casa en un sofá, entonces qué tipo de evidencia es, nada de evidencia».
Vigil no se limitó a cuestionar la calidad probatoria del material. Sus observaciones sobre las deficiencias técnicas fueron demoledoras: el video es «opaco y casi inaudible», la voz atribuida al general «no coincide», y fundamentalmente, formuló la pregunta que desmoronó la acusación: «¿Cómo van a poder comprobar que estaba negociando con un narcotraficante?».
La exfiscal Nilia Ramos aportó una perspectiva aún más devastadora para la credibilidad del MP. Con la autoridad que le confieren años de experiencia en el análisis de evidencia judicial, declaró sin ambages que el video es «falso»: «Se nota a leguas que al cuerpo le ponen la cara. Yo creo que se equivocaron porque esa cara más bien me da a un ministro de Seguridad del 2006 al 2009», sugiriendo no solo manipulación digital sino errores evidentes en la supuesta fabricación.
La ciencia forense bajo sospecha

El cuestionamiento a la evidencia alcanzó niveles institucionales cuando la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, publicó una denuncia sobre la «instrumentalización política de pruebas forenses». Su análisis técnico describió con precisión lo que muchos observadores ya sospechaban: «La instrumentalización de la prueba criminalística forense en la política se refiere al uso, a menudo indebido, de la evidencia científica forense para servir a intereses políticos, en lugar de para la búsqueda de la verdad».
Villanueva identificó las modalidades específicas de esta manipulación: «Los hallazgos criminalísticos pueden ser alterados o tergiversados para encajar con una narrativa política particular», «la evidencia científica forense puede ser ignorada o desestimada si no apoya la narrativa política deseada», y particularmente relevante para el caso Vásquez, «los científicos forenses pueden ser influenciados por presiones políticas para producir resultados específicos».
Las contradicciones del aparato judicial

El manejo del caso por parte del Ministerio Público reveló inconsistencias procedimentales que socavaron aún más su credibilidad. El fiscal David Amaya defendió la autenticidad del video asegurando que había sido sometido a «peritaje realizado por un experto certificado de manera internacional», pero la institución nunca presentó públicamente el material completo, circulando únicamente fragmentos pixelados y de baja calidad.
Más grave aún fue la revelación de que el MP realizó allanamientos sin orden judicial en la vivienda de Vásquez, una violación procesal que el abogado penalista Kenneth Madrid calificó como potencialmente invalidante de toda la evidencia obtenida: «Las evidencias encontradas en el allanamiento, si es que se encontraron, si se demuestra la ilegalidad del mismo, las pruebas no quedarán en nada».
Madrid fue despiadado en su evaluación técnica del caso: «Las evidencias mostradas por el Ministerio Público no le ajustan para demostrar su culpabilidad en un juicio oral en los tribunales de la República». Su análisis identificó inconsistencias básicas en los supuestos dictámenes forenses: «En uno el general Romeo Vásquez aparece con pantalón de tela y en otros veste pantalón de mezclilla. Esto nos hace ver que son momentos y circunstancias diferentes».
El doble estándar que delata intereses políticos

La credibilidad del MP sufrió un golpe devastador cuando se expuso el contraste en el tratamiento de casos similares. Mientras persiguen agresivamente a Vásquez con evidencia cuestionable, han mostrado una llamativa pasividad ante el narcovideo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
Mike Vigil fue implacable al establecer esta comparación: «Ese video es de 31 minutos y se nota perfectamente bien Carlos Zelaya reunido con Los Cachiros y otros narcos. Esa sí es evidencia contundente, que si usara delante de un jurado, aquí en los Estados Unidos en un minuto fuera condenado Carlos Zelaya».
El contraste no podría ser más claro: mientras un video de alta calidad con 31 minutos de duración es calificado como «asunto político» por el fiscal general Johel Zelaya, un material audiovisual deficiente se convierte en el fundamento de una persecución judicial.
Las acusaciones cruzadas que revelan verdades incómodas

La estrategia defensiva de Vásquez agregó una dimensión explosiva al caso cuando presentó acusaciones detalladas contra Manuel Zelaya, denunciando que el expresidente «se reunió en una hacienda en Colinas, Santa Bárbara con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y miembros del Cártel de Sinaloa» en 2006, donde supuestamente «se pactó convertir a Honduras en un trampolín del narcotráfico hacia los Estados Unidos».
Según el relato de Vásquez, en esa reunión estuvo presente Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido como «Don H» y actualmente preso en Estados Unidos, y cada participante «salió con tres millones de dólares en efectivo para sobornar actividades y preparar rutas».
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El general afirmó que poco después «un avión aterrizó de noche en Toncontín con más de 100 millones de dólares como adelanto para Zelaya, a cambio de retirar las Fuerzas Armadas de la lucha antidrogas».
Estas acusaciones, independientemente de su veracidad, han instalado en el debate público una pregunta fundamental: ¿por qué el sistema de justicia persigue con evidencia deficiente a un general mientras ignora denuncias específicas y detalladas contra figuras políticas del oficialismo?
La crisis institucional que trasciende el caso

El fenómeno Vásquez no puede entenderse aisladamente. Kenneth Madrid reveló que «el 60% de los fiscales antiguos han solicitado su retiro del MP», una cifra devastadora que «demuestra que no se sienten cómodos trabajando bajo el actual contexto, no se sienten de una forma que garantice que están haciendo su función con independencia, con imparcialidad, con objetividad».
El abogado fue categórico sobre las condiciones actuales del sistema judicial: «Muchos casos se han manejado políticamente y cuando eso sucede ya no estamos bajo el marco del principio de legalidad, está bajo el marco de la discrecionalidad política, no jurídica de los operadores de justicia».
Esta evaluación encontró respaldo en la propia respuesta de Vásquez, quien desde su condición de prófugo declaró: «Ni con todo el dinero del Estado, ni con la nueva tecnología ni con la inteligencia artificial me van a poder incriminar», una frase que trasciende la defensa personal para convertirse en una acusación directa sobre la corrupción del proceso judicial.
Las implicaciones para la democracia hondureña

El caso Vásquez ha expuesto dinámicas que van mucho más allá de un supuesto delito de lavado de activos. Ha revelado un sistema judicial politizado donde la evidencia se manufactura o ignora según conveniencias políticas, donde las instituciones del Estado son instrumentalizadas para perseguir enemigos y proteger aliados, y donde la búsqueda de la verdad ha sido subordinada a los cálculos electorales.
La pregunta que emerge no es si Romeo Vásquez es culpable o inocente de los cargos que enfrenta. La pregunta fundamental es si Honduras puede seguir pretendiendo que opera bajo un Estado de derecho cuando sus instituciones de justicia exhiben niveles de politización que harían sonrojar a las más toscas dictaduras.
La fractura expuesta por este caso trasciende las personas involucradas para revelar una crisis sistémica donde la manipulación de la justicia se ha convertido en herramienta de control político. En vísperas de elecciones cruciales para el futuro del país, los hondureños enfrentan la realidad de que sus instituciones han sido capturadas por intereses partidarios que utilizan el aparato del Estado para perpetuar su poder.
El narcovideo de Vásquez, real o fabricado, auténtico o manipulado, se ha convertido en el símbolo de una Honduras donde la verdad judicial es una commodity política, donde la evidencia se adapta a las necesidades del poder, y donde la justicia se ha convertido en el botín de guerra de una clase política que ha perdido toda conexión con los principios democráticos que debería servir.
La pregunta ya no es qué muestra realmente ese video pixelado y de calidad deficiente. La pregunta es si Honduras puede sobrevivir como democracia cuando sus ciudadanos ya no pueden confiar en que sus instituciones buscan la verdad en lugar de servir a los poderosos.