Tegucigalpa – A más de un mes del allanamiento que destapó el escándalo de Koriun Inversiones, el silencio que rodea el destino de miles de millones de lempiras de inversionistas hondureños ha generado especulaciones sobre posibles acuerdos extraoficiales entre las partes involucradas.
El analista financiero Fredy Tejeda planteó una hipótesis inquietante: «muy probablemente los inversionistas con los dueños de esta empresa y las autoridades estén llegando a un acuerdo ‘off the record’ para solucionar. Probablemente les han dicho que les van a pagar; no sé cómo, pero le han dicho que les van a pagar».
Esta afirmación cobra relevancia cuando se examina la dramática reducción de las protestas que inicialmente sacudieron regiones como Choloma, Choluteca, Copán y Santa Bárbara, donde miles de afectados demandaban la devolución de sus inversiones.
El contraste entre la intensidad inicial de las manifestaciones y el actual silencio sugiere, según los analistas, que algo más complejo está ocurriendo detrás de las declaraciones oficiales. La cifra de aproximadamente 35,000 inversionistas afectados, según estimaciones no oficiales, representa una masa crítica de ciudadanos cuya aparente resignación resulta llamativa en el contexto de una crisis que involucra cerca de 3,000 millones de lempiras.
El manejo del dinero recuperado durante los operativos presenta inconsistencias que alimentan las sospechas sobre la transparencia del proceso. El Ministerio Público exhibió públicamente 358 millones de lempiras encontrados en diversas sedes de Koriun: 125 millones en la vivienda del representante legal Iván Abad Velásquez, 51.7 millones en Choloma, 62.9 millones en Juticalpa, 58.4 millones en Santa Bárbara, 50.7 millones en Choluteca, 8 millones en La Entrada y 1.5 millones en Danlí. A esto se sumaron 69 millones encontrados por la CNBS en depósitos bancarios, totalizando 430 millones de lempiras que, según versiones oficiales, fueron entregados al gerente de Koriun para su «devolución» a los socios.
La paradoja surge cuando se constata que dos días después de esta supuesta entrega, Iván Velásquez fue capturado y trasladado a la capital, donde permanece encarcelado. Esta secuencia de eventos genera interrogantes fundamentales: ¿se realizó efectivamente la devolución? ¿A quiénes se entregó el dinero? ¿Bajo qué criterios se distribuyó? La ausencia de respuestas oficiales a estas preguntas esenciales alimenta las teorías sobre manejos extraoficiales del caso.
Las promesas gubernamentales iniciales contrastan dramáticamente con la realidad actual. El expresidente Manuel Zelaya declaró públicamente el 1 de mayo que tanto él como la presidenta Xiomara Castro estaban de acuerdo en realizar la devolución con fondos estatales.
Esta postura fue respaldada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, y el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, quien anunció la elaboración de un decreto para formalizar la devolución. Incluso el fiscal general Johel Zelaya prometió públicamente «la devolución del dinero analizando de menor a mayor de los afectados».
Sin embargo, estas promesas se desvanecieron cuando el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, aclaró públicamente que no existen recursos estatales disponibles para tal propósito. Esta contradicción entre las declaraciones políticas iniciales y la realidad fiscal del Estado revela la improvisación con que se abordó inicialmente la crisis, generando expectativas que posteriormente resultaron imposibles de cumplir.
El analista Kennet Madrid introduce una dimensión adicional al señalar el potencial impacto de la Ley de Colaboración Eficaz en el desarrollo del caso. «De acuerdo con la ley de colaboración eficaz lo que ha planteado obviamente el gerente de Koriun Inversiones, que ha prometido colaborar en las investigaciones, puede crear algún tipo de temor entre todas las personas que están involucradas en este tema», observó Madrid, sugiriendo que las revelaciones del gerente encarcelado podrían comprometer a otros actores no identificados públicamente.
Esta posibilidad genera un escenario complejo donde, según análisis especializados, existe «una posibilidad de que los peces gordos que están atrás del gerente Iván Velásquez, hayan recuperado su dinero de los 427 millones que devolvió el Ministerio Público en efectivo y en las cuentas bancarias, o que se queden callados luego que este amenazara con negociar y delatarlos». Esta hipótesis explicaría tanto el silencio actual como la aparente paralización de las investigaciones más allá del círculo inmediato de Koriun.
Darwin Ponce, representante de la Sociedad Civil, formuló las preguntas que resumen la perplejidad ciudadana: «¿Cómo es que han resuelto esa situación, de dónde han sacado la plata? ¿Cómo es que han recuperado la plata, si es que la han recuperado, de dónde han sacado dinero para pagar, si es que han pagado o cómo han hecho para que esta gente se haya calmado?». Estas interrogantes reflejan la ausencia de transparencia que caracteriza el manejo actual del caso.
La limitación aparente de las investigaciones al gerente de Koriun y su esposa, sin ampliación hacia posibles redes más extensas de complicidad, sugiere una estrategia de contención que podría ocultar ramificaciones más amplias del esquema fraudulento. Esta aproximación fragmentaria contrasta con la magnitud económica del caso y la sofisticación operativa que requiere manejar miles de millones de lempiras durante años sin supervisión efectiva.
El silencio actual, según Fredy Tejeda, «solo denota la ineptitud, la incapacidad y la debilidad institucional del país», una valoración que trasciende el caso específico de Koriun para cuestionar la capacidad del Estado hondureño para manejar crisis financieras complejas que afectan a decenas de miles de ciudadanos.
La percepción de que muchos inversionistas «ya estarían resignados a perder su dinero» refleja no solo la desesperanza individual sino también la erosión de la confianza en las instituciones públicas para proteger los intereses ciudadanos.
El caso Koriun se perfila así como un test de la capacidad institucional hondureña para manejar crisis financieras complejas, transparentar procesos de investigación y cumplir promesas gubernamentales. El silencio actual, lejos de indicar resolución, sugiere la existencia de acuerdos no transparentes que podrían estar beneficiando a algunos sectores mientras dejan a miles de ciudadanos comunes en la incertidumbre sobre el destino de sus ahorros de toda una vida.
