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En libertad se defenderán el exmagistrado y otros exfuncionarios del TSC

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Tegucigalpa – Un juez de letras emitió una resolución judicial, dictaminando el auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión preventiva para el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, junto con otros tres exfuncionarios de la misma institución.

Los acusados, además de Ricardo Rodríguez, son Santiago Reyes, quien fungió como exsecretario general; Douglas Javier Murillo, en calidad de jefe de auditores; y Karen Martínez, desempeñando el cargo de directora legal.

El Ministerio Público los señala por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. Tras una audiencia que se extendió desde el jueves hasta el viernes, el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción emitió la resolución correspondiente.

Para el próximo jueves 18 de abril a las 9:00 de la mañana se programó la audiencia preliminar, donde se espera avanzar en el proceso judicial.

En este caso también figura el exmagistrado José Juan Pineda Varela, quien actualmente está prófugo de la justicia.

Las investigaciones iniciaron en noviembre de 2023, tras recibir una denuncia anónima que apuntaba a empleados del TSC, específicamente del departamento de auditorías del sector municipal, por supuestamente destruir y ocultar documentos siguiendo «órdenes superiores».

Entre los documentos supuestamente manipulados se encuentran los finiquitos de algunas municipalidades, según lo informado por el Ministerio Público.

Durante el proceso de investigación, fiscales y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confiscaron informes, pliegos de responsabilidad y videos de cámaras de seguridad. Además, se recabaron declaraciones testimoniales de empleados que afirmaron haber sido coaccionados para alterar auditorías municipales.

El Ministerio Público afirmó que estas investigaciones evidencian el funcionamiento de redes internas dentro del TSC, donde los empleados aprovecharon sus posiciones para influir en decisiones contrarias a la ley, con el propósito de favorecer a terceros.

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