Tegucigalpa – El caso Koriun Inversiones ha tomado un giro significativo luego que un juez dictara detención judicial para Iván Velásquez, administrador de la empresa señalada como operadora de un esquema Ponzi, quien deberá cumplir prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados capitalinos, informó que Velásquez enfrenta una serie de acusaciones que van más allá del fraude financiero inicialmente señalado. Los cargos incluyen los presuntos delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas tanto de uso prohibido como de uso permitido, lo que sugiere que la investigación ha revelado aspectos adicionales no divulgados previamente.
La autoridad judicial ha programado para este jueves una pericia técnica a las armas que fueron decomisadas al representante de Koriun en el momento de su captura, un elemento que añade complejidad al caso más allá de las irregularidades financieras. Asimismo, el tribunal fijó la audiencia inicial para el lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana, instancia procesal en la que tanto la defensa como la fiscalía presentarán sus respectivas evidencias.
La detención de Velásquez, anunciada el miércoles por el Ministerio Público, se produjo bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El acusado fue trasladado entre un nutrido contingente de efectivos policiales, evidenciando el alto perfil y la sensibilidad del caso que ha generado intensas protestas sociales en diversas regiones del país.
En su comunicado oficial, el ente acusador justificó la captura mencionando la existencia de «indicios de que detrás de este mecanismo irregular de captación de fondos opera una red criminal vinculada a hechos delictivos graves que están bajo investigación», una afirmación que sugiere ramificaciones más amplias del caso que podrían involucrar a otros actores aún no identificados públicamente.
El MP también argumentó que la detención de Velásquez se realizaba para «salvaguardar su integridad» y como medida para «seguir protegiendo el dinero de los aportantes», aunque no se han ofrecido detalles sobre cómo esta acción contribuiría concretamente a la recuperación de los fondos invertidos por más de 35,000 hondureños.
Koriun Inversiones operó durante aproximadamente seis años sin regulación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), captando recursos del público con promesas de rendimientos extraordinarios del 5% semanal. Las autoridades han calificado oficialmente la operación como un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversores se realizaban con el dinero aportado por los nuevos participantes.
La reclusión de Velásquez en Támara, considerada una de las instalaciones penitenciarias de máxima seguridad en Honduras, refleja la gravedad de los cargos que enfrenta y la magnitud del caso que ha sacudido al sistema financiero hondureño, generando cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y control financiero en el país.
El desarrollo de este proceso judicial es seguido atentamente por miles de familias afectadas que esperan respuestas sobre la posibilidad de recuperar sus inversiones, mientras las protestas y bloqueos de carreteras continúan en diversas zonas del país.
