Tegucigalpa – El gobierno de Libre enfrenta una de sus crisis más severas de credibilidad tras confirmarse la renuncia del ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en medio de un escándalo que ha puesto al descubierto presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales.
La crisis se desató tras la filtración de un video que capturó una conversación comprometedora entre Cardona y la diputada oficialista Isis Cuéllar, quien además ocupa el cargo de vicepresidenta del Congreso Nacional. En la grabación, ambos funcionarios discuten el manejo de «millonarios fondos» supuestamente destinados a actividades políticas del partido Libre en el departamento occidental de Copán.
La presión ciudadana y mediática que siguió a la difusión del material audiovisual obligó al gobierno a tomar medidas inmediatas. Cardona presentó su renuncia irrevocable la noche del viernes, convirtiéndose en el primer funcionario de alto nivel en caer por este escándalo que amenaza con expandirse a otras esferas del poder.
Sin embargo, la salida del ministro no parece haber satisfecho las demandas de transparencia. Observadores políticos anticipan que la congresista Cuéllar, pese a estar igualmente involucrada en el video comprometedor, no renunciará a su cargo debido al respaldo que mantiene de la familia presidencial, lo que evidencia las diferencias de poder dentro de la estructura oficialista.
La controversia ha revelado aspectos más profundos sobre el manejo de recursos públicos en el actual gobierno. El diputado Ramón Barrios se sumó este fin de semana a las exigencias dirigidas al Ministerio Público, demandando una investigación exhaustiva sobre las disparidades en la distribución de fondos sociales entre diferentes congresistas.
«Creo que se debe seguir investigando porque no todos los diputados tenemos acceso a las mismas cantidades de esos fondos», declaró Barrios, revelando una problemática estructural en la asignación de recursos para programas sociales que trasciende el caso específico de Cardona y Cuéllar.
El legislador confirmó la existencia de un sistema de distribución desigual donde «algunos diputados reciben enormes cantidades de dinero en comparación con otros al momento de ejecutar un proyecto de ayuda social». Esta revelación sugiere que el escándalo podría ser la punta del iceberg de irregularidades más amplias en el manejo de fondos públicos.
Barrios enfatizó que todos los diputados, independientemente de su origen o afiliación política, «son congresistas y deberían acceder a fondos públicos en igualdad de condiciones», planteando cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la asignación de recursos destinados a programas sociales.
El parlamentario también aclaró aspectos procedimentales importantes sobre el manejo de estos fondos, señalando que cuando se liquida dinero público «es en favor de las comunidades» y enfatizando que los diputados «no reciben fondos en efectivos ni en cheque para ejecutar las subvenciones», lo que contrasta con las prácticas evidenciadas en el video filtrado.
El caso ha generado un efecto dominó de cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno de Libre, que llegó al poder con promesas de combatir la corrupción y manejar los recursos públicos con total transparencia. La crisis pone a prueba la capacidad de la administración de Xiomara Castro para mantener su credibilidad ante la opinión pública.
El Ministerio Público enfrenta ahora crecientes presiones para ampliar sus investigaciones más allá del caso específico de Cardona, explorando las denuncias sobre distribución desigual de fondos y determinando si existen patrones sistemáticos de irregularidades en el manejo de recursos destinados a programas sociales.
La crisis del «cheque video» marca un punto de inflexión para el gobierno oficialista, que debe demostrar su compromiso real con la transparencia mediante acciones concretas que vayan más allá de la renuncia de un ministro y aborden las causas estructurales de las irregularidades denunciadas.
La permanencia de Isis Cuéllar en su cargo será vista como un indicador clave de la voluntad política real del gobierno para enfrentar este escándalo, mientras que las investigaciones del Ministerio Público determinarán si las irregularidades son casos aislados o parte de un patrón más amplio de mal manejo de fondos públicos.
