Tegucigalpa – El gobierno de Xiomara Castro enfrenta la crisis de corrupción más grave de su administración tras la exposición de un esquema sistemático que utilizó al menos 2.8 millones de lempiras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar estructuras electorales del Partido LIBRE, contradiciendo frontalmente el discurso anticorrupción que sustentó la llegada al poder de la primera presidenta hondureña.
La filtración del audio entre el ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar no solo documenta con evidencia directa el desvío de recursos públicos hacia «23 coordinaciones del Partido» mediante kits valorados en 125 mil lempiras cada uno, sino que confirma las denuncias que dirigentes opositores dentro de LIBRE habían formulado desde las elecciones primarias de marzo, evidenciando la institucionalización de prácticas que el partido había criticado cuando estaba en oposición.
El caso adquiere dimensiones de crisis institucional al revelar la persistencia de estructuras corruptas que trascienden cambios de gobierno. Juan Barahona, dirigente del Frente de Resistencia Popular, había advertido en marzo sobre la circulación de «toneladas de provisiones, de canastas» distribuidas «en los 18 departamentos» desde Sedesol para favorecer al M-28, mientras Olivia Zúniga denunció que «con la plata de Sedesol cualquiera sale electo» en una reproducción de «todos los vicios del bipartidismo».
La conversación filtrada entre Cardona y Cuéllar expone la mecánica específica del esquema: cheques de 100 mil lempiras emitidos a nombres de terceros, posteriormente cambiados por «gente de confianza» para adquirir equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas, tazas y material promocional destinado exclusivamente a fortalecer la infraestructura electoral oficialista.
El testimonio de Lilian Montúfar, candidata a alcaldía de Nueva Arcadia, reveló las presiones ejercidas sobre aspirantes políticos para participar en el esquema. Montúfar denunció haber recibido llamadas del asistente de Cuéllar para firmar un cheque de 100 mil lempiras «que no se encontraba a su nombre», mientras su negativa generó «malestar dentro del Partido Libre» y comentarios despectivos de Cardona, quien la calificó como «candidata estúpida».
La gobernadora de Copán, Elvia Valle, proporcionó el contexto que explica la filtración del audio al admitir que sus reclamos sobre «listados de cheques» que incluían «muchos candidatos a alcaldes» provocaron la conversación entre Cardona y Cuéllar que posteriormente fue grabada y difundida, posicionándola involuntariamente como la supervisora que expuso el sistema.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, situó el escándalo dentro de un continuum histórico que conecta con casos emblemáticos de corrupción hondureña. «Este nuevo tema no es más que otro caso como Pandora o Arca Abierta, lo que investigaba la MACCIH: el uso de fondos públicos disfrazados como ‘proyectos sociales’, que en realidad terminan financiando campañas políticas», explicó el especialista.
Castañeda identificó obstáculos institucionales que protegen a los responsables, señalando que «el Ministerio Público no puede investigar a diputados sin un informe previo del Tribunal Superior de Cuentas», un «pacto de impunidad» que opera con «lentitud» y «mora enorme» en emisión de informes. También vinculó la resistencia gubernamental a instalar CICIH con el temor a que «casos como este serían de los primeros en ser investigados por una misión internacional».
La respuesta presidencial evidencia tanto la gravedad percibida como la estrategia de supervivencia política. Castro se desligó categóricamente del esquema: «Ni el Partido Libre, ni la candidata presidencial, ni la Presidencia de la República hemos sido notificados, ni hemos conocido ni aprobado ninguna transacción de esa naturaleza», mientras advirtió que será «implacable con los responsables» y ordenó informar «en cadena nacional» sobre recursos de Sedesol en 72 horas.
Sin embargo, la crisis trasciende la respuesta inmediata al exponer contradicciones fundamentales del proyecto político oficialista. El gobierno que prometió «socialismo democrático» transparente y ruptura con prácticas corruptas del pasado enfrenta evidencia de haber adoptado los mismos métodos que criticó, utilizando programas sociales como herramientas de control político y manipulación electoral.
La fragmentación interna de LIBRE, evidenciada por las denuncias de marzo de dirigentes como Barahona, Ayala, Fuentes y Zúniga contra el uso partidario de recursos estatales, revela tensiones profundas entre sectores que mantienen principios ideológicos y corrientes que han normalizado prácticas tradicionales del poder.
El escándalo Sedesol representa más que un episodio de corrupción; constituye una crisis existencial para un gobierno que construyó su legitimidad sobre promesas de transformación institucional. La evidencia directa del audio, combinada con denuncias previas sistemáticamente ignoradas, revela la institucionalización de prácticas que contradicen el discurso fundacional del proyecto Castro, poniendo en riesgo la credibilidad de toda la administración a meses de las elecciones de 2025.
