Tegucigalpa – El estado de excepción vigente en Honduras se extendió hasta el 3 de julio de 2025, confirmó este martes el director de Operaciones de la Policía Nacional, Miguel Pérez Suazo, quien defendió la medida argumentando su efectividad en la reducción de índices criminales en el país.
Suazo reveló que se trata del Decreto del Poder Ejecutivo (PCM) número 21 desde que se implementó la primera medida que entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022, evidenciando la prolongada duración de un régimen de excepción que inicialmente fue presentado como temporal.
El oficial superior defendió categóricamente el desempeño policial durante la vigencia de esta medida extraordinaria, asegurando que «no existe una tan sola denuncia por abusos policiales durante el estado de excepción». Sin embargo, reconoció implícitamente la existencia de problemas al agregar que «lo que hay son quejas ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh)».
«El estado de excepción es una herramienta que facilita la operación de la Policía Nacional», declaró Suazo, quien utilizó estadísticas para fundamentar tanto la legalidad como la efectividad de esta disposición jurídica que ha mantenido suspendidas diversas garantías constitucionales por más de dos años y medio.
La defensa del estado de excepción se produce en un contexto donde diversos sectores, incluyendo el diputado nacionalista Ramón Carranza, han demandado su levantamiento, especialmente considerando la proximidad de las elecciones generales de noviembre. Organizaciones internacionales como la ONU también han expresado preocupaciones sobre la prolongación indefinida de estas medidas extraordinarias.
Consultado sobre el polémico allanamiento realizado en la vivienda del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, Suazo se deslindó de responsabilidad, confirmando que «en esa operación no participó la Policía Nacional», sugiriendo que fue ejecutada por otras fuerzas de seguridad del Estado.
Esta aclaración adquiere relevancia considerando las críticas legales que ha recibido dicho allanamiento, particularmente por haberse realizado sin orden judicial previa, procedimiento que diversos juristas han calificado como violatorio del debido proceso y potencialmente invalidante de cualquier evidencia obtenida.
La extensión del estado de excepción hasta julio coincide con el período de mayor intensidad de la campaña electoral, planteando interrogantes sobre las condiciones en que se desarrollarán los comicios generales. Críticos de la medida han señalado que el mantenimiento de restricciones constitucionales durante un proceso electoral podría afectar la libertad de expresión, asociación y movilización necesarias para una competencia democrática plena.
El estado de excepción ha permitido al gobierno implementar toques de queda, restricciones a la libre circulación, suspensión del derecho de asociación y otras limitaciones a garantías fundamentales, medidas que fueron originalmente justificadas como respuesta a los altos índices de violencia y extorsión que afectan al país.
Sin embargo, la prolongación de estas medidas por más de dos años ha generado debates sobre su proporcionalidad, necesidad y compatibilidad con los principios democráticos, especialmente cuando se mantienen durante un año electoral crucial para el futuro político de Honduras.
La ausencia de denuncias formales por abusos policiales, según las declaraciones de Suazo, contrasta con la existencia de quejas ante el Conadeh, sugiriendo posibles barreras para la formalización de denuncias o diferencias en los mecanismos de recepción de estas denuncias entre las instituciones del Estado.
