Tegucigalpa – El excanciller Enrique Reina volvió a responsabilizar este domingo al Congreso Nacional por la no llegada al país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), señalando que el gobierno no ha dejado de insistir en la instalación de este mecanismo internacional anticorrupción pese a la falta de apoyo legislativo.
A través de su cuenta de la red social «X», Reina cuestionó nuevamente a los diputados del Congreso Nacional por no apoyar la llegada de la CICIH mediante la aprobación de leyes que faciliten su instalación en territorio hondureño. Esta representa la segunda ocasión en que el funcionario atribuye públicamente al poder legislativo la responsabilidad del fracaso en la implementación del mecanismo.
«Hay personas que o no saben o no se quieren enterar de lo que pasa y sirve más bien de alimento al bipartidismo para atajar a Libre por razones de otro tipo», cuestionó el ahora candidato a designado presidencial, sugiriendo motivaciones políticas partidarias detrás de la oposición legislativa.
Reina hizo referencia específica al rechazo que sufrió la iniciativa presentada por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, la cual no logró obtener los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara debido a la falta de respaldo del bipartidismo político tradicional. El excanciller identificó esta situación como evidencia de la obstrucción sistemática que enfrenta el partido oficialista Libre en sus propuestas legislativas.
Las declaraciones de Reina se producen una semana después de que dejara su cargo como canciller para incorporarse a la planilla electoral de Rixi Moncada como aspirante a designado presidencial, movimiento que marca su transición del ámbito diplomático al electoral de cara a los comicios de noviembre.
La CICIH representa uno de los principales temas pendientes que Reina dejó inconcluso durante su gestión como canciller, cargo desde el cual integró la comisión gubernamental encargada de negociar con la Organización de las Naciones Unidas la llegada del mecanismo anticorrupción al país. Su salida del ministerio deja en el aire la continuidad de estas gestiones diplomáticas.
El mecanismo internacional anticorrupción ha sido una promesa recurrente del gobierno de Xiomara Castro, quien lo incluyó como uno de los compromisos centrales de su campaña electoral. Sin embargo, la materialización de esta propuesta ha enfrentado obstáculos tanto en el ámbito legislativo nacional como en las negociaciones internacionales.
La insistencia de Reina en responsabilizar al Congreso Nacional sugiere una estrategia de transferir la responsabilidad política del fracaso en la implementación de la CICIH hacia la oposición legislativa, en momentos en que se perfila como figura clave en la campaña electoral oficialista.o a balazos en horas de la madrugada de este domingo mientras se encontraba en su vehículo-taxi en Santa Rosa de Copán.
A través de su cuenta de la red social «X», el funcionario gubernamental lamentó el crimen del comunicador social y demandó acciones concretas para esclarecer este nuevo ataque contra la libertad de prensa en el país. «Pido a las autoridades competentes una investigación inmediata que ponga a los autores materiales e intelectuales ante la justicia», exhortó Becerra en su pronunciamiento público.
El asesinato de Hércules Salinas resulta particularmente grave debido a que el comunicador se encontraba bajo la protección del Mecanismo de Protección del Estado desde octubre de 2023, después de haber sufrido un intento de secuestro en septiembre del mismo año. Esta situación evidencia las fallas del sistema estatal diseñado para salvaguardar la integridad de periodistas en situación de riesgo.
El ataque ocurrió cuando el periodista se desplazaba en su vehículo-taxi, actividad laboral que complementaba su trabajo en medios de comunicación para sustentarse económicamente. Los agresores le dispararon múltiples veces, causándole la muerte en el lugar de los hechos, según los primeros reportes policiales.
La petición del ministro Becerra surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores hondureños, especialmente aquellos que abordan temas sensibles como el crimen organizado, área en la que se especializaba la víctima. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los periodistas pese a contar con medidas de protección gubernamentales.
El pronunciamiento del titular de Derechos Humanos representa la primera reacción oficial del gobierno ante este nuevo crimen contra un comunicador, en momentos en que organizaciones gremiales y defensores de la libertad de prensa han denunciado un incremento en la violencia contra periodistas durante la actual administración.
La solicitud de investigación inmediata incluye la captura tanto de los autores materiales como de los posibles autores intelectuales del crimen, lo que sugiere que las autoridades no descartan que el asesinato haya sido planificado por terceros que ordenaron la ejecución del periodista.
