Tegucigalpa – El exfiscal general y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó a través de una publicación el proceder de los operadores de justicia en el caso Koriun Inversiones, una empresa señalada por el Ministerio Público como responsable de una presunta estafa piramidal que afectaría a más de 35 mil aportantes.
En su intervención, Orellana formuló interrogantes puntuales como «¿Por qué no se ha iniciado el proceso judicial?» pese a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó una denuncia formal. También cuestionó la legalidad de la devolución de dinero sin autorización judicial y la continuidad operativa de la empresa pese a estar bajo investigación.
«Si los socios responden penalmente por la gestión ilegal, ¿por qué nadie ha sido acusado?», planteó el exfiscal, quien además puso en duda si las acciones de las entidades estatales en este caso se apegan a la ley y si este manejo socava la seguridad jurídica en el país.
Según datos proporcionados por el Ministerio Público, Koriun Inversiones dispone físicamente de 358 millones de lempiras. A pesar de que el 23 de abril las autoridades anunciaron la intervención oficial de la empresa por indicios de actividades financieras irregulares, sus siete sedes continúan operando normalmente, recibiendo inversores y entregando intereses.
El actual Fiscal General, Johel Zelaya, ha justificado el cauteloso abordaje del caso indicando que debe ser tratado «con pinzas» debido a sus múltiples implicaciones sociales y económicas. «Si nosotros entramos de una manera brusca, lo primero que puede pensar la gente es que nosotros le estamos agrediendo sus finanzas, entonces estamos buscando una estrategia», manifestó Zelaya.
El caso Koriun Inversiones ha generado alarma en Honduras por tratarse de un aparente esquema Ponzi que prometía a los inversionistas rendimientos del 20% mensual, cifras inusualmente altas que despertaron las sospechas de las autoridades financieras.
