Tegucigalpa – El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, expresó su preocupación por las recientes declaraciones del general Roosevelt Hernández, quien afirmó que las Fuerzas Armadas son «un instrumento del poder político» sujeto a cumplir órdenes gubernamentales. A través de un mensaje en la red social X, Orellana consideró que aunque las Fuerzas Armadas deben seguir las políticas del Gobierno, esto debe ocurrir únicamente «dentro del marco legal».
La crítica del exfiscal se centra en que «la afirmación del Jefe del Estado Mayor de que cumplen órdenes, sea que favorezcan o no al pueblo, da la impresión de que justifica todo, incluso las acciones de Romeo Vásquez en el 2009», estableciendo un paralelo directo con el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.
Orellana, quien también fungió como exministro de Transparencia en el actual gobierno, respondió así a las polémicas declaraciones del general Hernández, quien durante una entrevista televisiva había señalado que las Fuerzas Armadas están «sujetas a la ejecución de las políticas públicas del gobierno en turno». Estas afirmaciones han disparado las alarmas entre grupos de activistas democráticos que ven en ellas un retroceso en la consolidación del Estado de derecho.
El exfiscal tiene un historial de críticas hacia el desempeño militar en contextos electorales. Previamente había señalado que las elecciones generales de noviembre no deberían ser confiadas al general Hernández porque «no pudo resguardar las maletas electorales durante el proceso de los comicios primarios e internos», refiriéndose a las irregularidades del 9 de marzo que generaron controversia nacional.
Las declaraciones de Orellana cobran especial relevancia considerando su experiencia institucional y su conocimiento del sistema de justicia hondureño. Anteriormente había advertido que ver al jefe del Estado Mayor «públicamente vociferante, deliberante y desafiante, en el marco del proceso electoral, debe provocarnos, si no terror, angustiante preocupación», refiriéndose a incidentes previos entre el general y autoridades electorales.
La referencia específica a Romeo Vásquez, quien lideró el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, no es casual. Vásquez justificó en su momento la deposición del presidente argumentando que cumplía órdenes de otros poderes del Estado, un argumento que Orellana considera peligroso cuando se aplica sin límites constitucionales claros.
El contexto actual hace más sensible esta discusión, ya que Honduras se prepara para elecciones generales en noviembre donde las Fuerzas Armadas tendrán un papel crucial en la seguridad del proceso. La postura del general Hernández sobre la obediencia incondicional preocupa a sectores que ven en ella una puerta abierta para justificar acciones que podrían comprometer la estabilidad democrática.
Orellana ha mantenido una posición crítica constante hacia las instituciones hondureñas desde su salida del gobierno. Recientemente reprochó al Ministerio Público por no ofrecer respuestas satisfactorias sobre las «desastrosas elecciones primarias de marzo» y otros casos de relevancia nacional, evidenciando su preocupación por el debilitamiento institucional.
La intervención del exfiscal se suma a un coro de voces que han cuestionado las declaraciones del general Hernández, incluyendo analistas políticos, generales retirados y sectores de la sociedad civil que ven en estas posturas un eco peligroso de épocas autoritarias. Su advertencia sobre la legitimación retroactiva del golpe de 2009 toca una herida aún abierta en la memoria democrática hondureña.
La controversia refleja tensiones más profundas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña, especialmente en un momento donde el país busca consolidar sus instituciones después de años de crisis política y social que han debilitado la confianza ciudadana en el sistema democrático.
