Tegucigalpa – El exfiscal general Edmundo Orellana Mercado lanzó severas críticas contra el Fondo Social al calificarlo como “una matriz corrupta” que permite a los diputados electos privilegiarse con fondos públicos para promover sus candidaturas e imponerse frente a otros aspirantes a diputados que no ejercen curules en el Congreso Nacional.
El también exministro de Transparencia consideró inevitable que surgieran casos de malversación con este fondo aprobado por el Congreso Nacional, que entre los años 2023, 2024 y 2025 suma alrededor de 950 millones de lempiras, una cifra que representa una cantidad significativa de recursos que podrían destinarse a necesidades prioritarias del país.
Durante una entrevista con Radio Cadena Voces, Orellana recordó que aunque el dinero no es entregado en efectivo a cada legislador, son ellos mismos quienes deciden el destino de estos fondos públicos, lo que genera una situación que califica como “un acto perverso porque es la utilización de recursos públicos para favorecerse en sus respectivas candidaturas”.
Para el exfuncionario, la problemática trasciende el hecho de si se roban o no estos fondos, señalando que “el hecho es que están utilizando recursos que debían estar usando para la salud y la educación, para sus campañas personales y eso desde cualquier perspectiva que se analice es corrupción, definitivamente, desde el punto de vista ético”.
Las declaraciones de Orellana cobran especial relevancia en el contexto del reciente escándalo conocido como el “cheque video”, donde se filtró una conversación entre la diputada del Partido Libertad y Refundación Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol José Carlos Cardona, donde se discute la entrega de fondos públicos presuntamente para estructuras políticas del partido oficialista en el departamento de Copán.
Según documentos oficiales analizados por organizaciones de sociedad civil, entre octubre y diciembre de 2024, Sedesol entregó más de 5.6 millones de lempiras a 65 supuestos beneficiarios bajo programas de emprendimiento, apoyo educativo y mejora de vivienda, donde la mayoría de los cheques oscilaron entre 100,000 y 160,000 lempiras sin constar evaluaciones técnicas, sociales ni expedientes formales de respaldo.
Desde el punto de vista legal, Orellana indicó que habría que analizar si se le da uso incorrecto a los fondos, entonces “esto indudablemente que cae en la esfera del Ministerio Público”, refiriéndose a la necesidad de que la institución investigativa actúe con firmeza en estos casos.
El jurista también expresó que lo más ético es que las personas señaladas por actos de corrupción den un paso al costado, especialmente considerando precedentes históricos como el caso de Carlos Zelaya, quien tras ser señalado en el narcovideo renunció a todo: diputado, cargo e incluso al partido Libre.
“Él, una vez que fue señalado renunció a todo, a diputado, a cargo, incluso al partido, eso le da la medida de qué debe ocurrir en adelante con los funcionarios o políticos que han salido señalados, deben seguir ese camino”, manifestó Orellana, estableciendo un paralelo con la situación actual.
El profesional del derecho hizo referencia a que una buena parte de las personas investigadas por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras se encuentra actualmente en el Congreso Nacional, planteando interrogantes sobre la continuidad de prácticas irregulares.
“Aquellos que se robaron el Fondo Social Departamental, la pregunta es si ayer lo hicieron, hoy por qué no lo iban hacer, además si ayer lo hicieron unos, es evidente que la facilidad del manejo de recursos podría animar a otros a emular el comportamiento de los del pasado”, puntualizó, refiriéndose a la persistencia de esquemas de corrupción en diferentes administraciones.
Orellana expresó expectativas sobre el desempeño del fiscal general Johel Zelaya, manifestando que “esperamos que esta vez sí cumpla, porque con Koriun y el caos del 9 de marzo nos tiene todavía pendientes”, aludiendo a casos anteriores donde considera que la Fiscalía no ha actuado con la contundencia esperada.
El exfiscal predijo que surgirán más casos similares al escándalo actual, señalando que “ya hay un diputado que está pidiendo que se investigue la desigualdad en la asignación de los recursos del fondo, porque a unos les dan más y a otros menos, esos criterios de por qué más o por qué menos también son objeto de análisis desde el punto de vista penal”.
Las críticas de Orellana se suman a las voces de diversos sectores que han cuestionado la transparencia en el manejo del Fondo Social. Según informes de rendición de cuentas, solo en 2024 se ejecutaron cerca de 255 millones de lempiras del fondo total, siendo utilizados por los diputados para gestionar proyectos de infraestructura menor y obras sociales.
La Asociación para una Sociedad más Justa presentó recientemente una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Cardona y Cuéllar por presunta malversación de caudales públicos y violación de los deberes del funcionario público, acompañada de una petición ciudadana firmada por más de 1,000 personas exigiendo una investigación transparente e imparcial.
El caso ha provocado la renuncia de José Carlos Cardona como ministro de Sedesol, luego de la presión ciudadana y política generada por la filtración del video, mientras que la diputada Isis Cuéllar mantiene su cargo a pesar de los llamados de diversos sectores para que siga el mismo camino.
Las declaraciones de Orellana reflejan una preocupación más amplia sobre el uso de recursos públicos con fines electorales, especialmente en un contexto donde las elecciones generales se aproximan y el control de estos fondos puede representar ventajas significativas para candidatos con acceso a recursos estatales frente a aquellos que no tienen estas facilidades.
El debate sobre el Fondo Social pone de manifiesto las tensiones existentes en el sistema político hondureño sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y la necesidad de establecer mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que eviten que el Estado sea utilizado como plataforma electoral para beneficio de sectores específicos.
