Tegucigalpa – La crisis política desatada por el escándalo de los fondos de Sedesol ha generado nuevas exigencias para que el sistema de justicia hondureño actúe con firmeza, pese a la renuncia irrevocable de José Carlos Cardona que fue aceptada por unanimidad del Consejo de Ministros tras confirmarse irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El reconocido constitucionalista Juan Carlos Barrientos planteó que la simple salida del funcionario no puede marcar el final de las investigaciones. «De qué sirve que haya renunciado si nadie le va a hacer nada y quedará impune ese despilfarro de dinero», cuestionó en declaraciones al noticiero TN5 Matutino, exigiendo que el Ministerio Público continúe con las pesquisas para presentar un requerimiento fiscal.
Críticas al sistema anticorrupción
Las declaraciones de Barrientos incluyeron severos señalamientos contra la efectividad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. El jurista cuestionó duramente a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por pronunciarse en el caso «hasta cuando el incendio se propagó por toda la casa».
Según el constitucionalista, esta dependencia estatal fue creada específicamente para detectar a tiempo los casos de corrupción, pero ha demostrado ser «otro elefante blanco» del Estado hondureño, evidenciando su incapacidad para prevenir este tipo de irregularidades.
La crisis se originó tras la filtración de un video el 23 de junio donde la diputada Isis Cuéllar admite haber entregado cheques para equipamiento político, revelando conversaciones con Cardona sobre cómo «han hecho piñata» con los fondos estatales para actividades del partido Libre.
Cuestionamientos al Ministerio Público
Barrientos dirigió críticas específicas contra el Fiscal General Johel Antonio Zelaya, a quien acusó de no presentar requerimientos fiscales en este caso ni en otros que implican a integrantes del partido Libertad y Refundación (Libre). El profesional del derecho considera que existe material probatorio suficiente para actuar.
«El informe preliminar de la Secretaría de Transparencia, el video y lo que divulgue el Tribunal Superior de Cuentas es suficiente para presentar requerimiento fiscal», argumentó Barrientos, cuestionando que el fiscal se dedique a perseguir casos de corrupción de gobiernos pasados o amenazar al Consejo Nacional Electoral, mientras evita actuar contra el oficialismo actual.
Las investigaciones se centran en 40 cheques por un total de 4.7 millones de lempiras emitidos por Sedesol a través del Fondo de Administración Solidaria, que forma parte de un presupuesto total de 950 millones de lempiras aprobado para los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.
Pérdida de credibilidad gubernamental
El constitucionalista fue contundente en su evaluación del impacto político del escándalo. «Esta gente (Libre) ha quedado evidenciada que son iguales o peores que los que estaban antes… ya perdieron credibilidad», sentenció, refiriéndose al partido que llegó al poder con promesas de transparencia y lucha contra la corrupción.
Barrientos expresó su convencimiento de que la renuncia de Cardona no fue voluntaria, sino que fue obligado por la presidenta Xiomara Castro tras la presión generada por la filtración del video comprometedor. El ministro de Transparencia Sergio Coello confirmó en cadena nacional que se identificaron «deficiencias relevantes» en los procesos administrativos y financieros de Sedesol, incluyendo fallas en la emisión de cheques y debilidades en los controles internos.
La presión sobre el gobierno se mantiene mientras organizaciones civiles y sectores políticos exigen que las investigaciones continúen hasta sus últimas consecuencias, considerando que la renuncia del ministro representa apenas el primer paso en un proceso que debe llegar hasta los tribunales de justicia.
