Tegucigalpa – La crisis del gobierno de Libre por el escándalo de fondos públicos en Sedesol recibió una nueva perspectiva crítica cuando una de las voces más respetadas del ámbito académico hondureño cuestionó las verdaderas motivaciones detrás de la renuncia del ministro José Carlos Cardona.
Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y reconocida socióloga, ofreció este sábado un análisis que desafía la narrativa oficial sobre el caso, calificando la salida de Cardona como una «maniobra política» diseñada para contener el daño electoral más que para combatir genuinamente la corrupción.
La académica señaló que la renuncia del funcionario era predecible considerando el contexto electoral que vive Honduras, donde las elecciones generales de noviembre representan una prueba crucial para la continuidad del proyecto político de Libre. «Es una reacción supuestamente indignada, pero claramente calculada», declaró Castellanos, sugiriendo que el gobierno priorizó la preservación de su imagen política sobre principios éticos consistentes.
Doble estándar en el combate a la corrupción
El punto más contundente del análisis de Castellanos se centró en lo que considera un tratamiento desigual de casos de corrupción dentro de la actual administración. La exrectora documentó varios episodios de irregularidades que no han recibido la misma atención ni generado consecuencias similares para los responsables.
Entre los casos mencionados destaca el «planillazo» en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un escándalo que involucró el pago de salarios a empleados fantasma y que no resultó en renuncias de alto nivel. También citó las denuncias presentadas por el exministro de Transparencia Edmundo Orellana, quien señaló irregularidades dentro del propio gobierno antes de su salida del cargo.
Castellanos también hizo referencia a las «múltiples compras directas realizadas por el gobierno», un mecanismo de contratación que ha sido objeto de cuestionamientos por evitar procesos competitivos de licitación, pero que no ha generado la misma indignación oficial mostrada en el caso de Cardona.
Esta disparidad en el tratamiento de casos similares lleva a la socióloga a concluir que la respuesta gubernamental está más motivada por consideraciones de imagen política que por un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas.
Estrategia electoral encubierta
El análisis de Castellanos sitúa la renuncia de Cardona en el contexto más amplio de la estrategia electoral de Libre. Según su perspectiva, la rapidez con que se actuó en este caso responde a la necesidad de evitar comparaciones desfavorables con gestiones anteriores del Partido Nacional, históricamente asociado con escándalos de corrupción.
La académica sugiere que el gobierno buscó «frenar el daño político de cara a las elecciones generales», utilizando la renuncia de Cardona como una demostración de que mantiene estándares éticos, pese a que casos anteriores sugieren lo contrario.
Esta interpretación plantea interrogantes sobre la coherencia del discurso anticorrupción del oficialismo y si las acciones del gobierno responden a principios consistentes o a cálculos políticos coyunturales.
Advertencia sobre casos pendientes
Quizás el aspecto más preocupante de las declaraciones de Castellanos fue su advertencia sobre la existencia de irregularidades en otras instituciones estatales. «Este no es el único caso, hay más instituciones ejecutoras de proyectos bajo sospecha», declaró, sugiriendo que el escándalo de Sedesol podría ser representativo de problemas más amplios en el manejo de fondos públicos.
Esta revelación implica que el caso Cardona-Cuéllar podría ser la punta del iceberg de irregularidades más extendidas en el aparato estatal, planteando interrogantes sobre la real dimensión de los problemas de transparencia en la actual administración.
La socióloga concluyó su análisis con un llamado implícito a la vigilancia ciudadana, señalando que «la población no debe ser subestimada», lo que sugiere que los ciudadanos hondureños tienen la capacidad de discernir entre acciones genuinas de combate a la corrupción y maniobras políticas diseñadas para preservar imagen electoral.
Las declaraciones de Castellanos añaden una dimensión académica y crítica al debate sobre el escándalo de Sedesol, cuestionando no solo el caso específico sino la coherencia general de las políticas anticorrupción del gobierno de Libre. Su análisis plantea la necesidad de evaluar si las acciones gubernamentales responden a principios éticos consistentes o a consideraciones políticas coyunturales.
La perspectiva de la exrectora universitaria aporta una voz independiente y respetada al debate público, desafiando tanto al gobierno como a la ciudadanía a examinar más profundamente la genuinidad de los esfuerzos anticorrupción y la necesidad de mantener estándares consistentes independientemente de las presiones políticas del momento.
