Tegucigalpa – El fiscal general Johel Zelaya anunció este martes que el Ministerio Público emitirá tres requerimientos fiscales contra responsables de las irregularidades ocurridas durante las elecciones internas y primarias del 9 de marzo, cuando el retraso injustificado en el traslado de maletas electorales obligó a miles de ciudadanos a ejercer su derecho al voto hasta altas horas de la madrugada.
«Son los peces gordos sobre los que tiene que caer la justicia en el país», declaró Zelaya sin especificar si los requerimientos incluyen militares o civiles, manteniendo en reserva la identidad de los funcionarios que enfrentarán procesos penales por los fallos logísticos que marcaron la jornada electoral.
El fiscal general reveló que los requerimientos llegaron a su oficina de manera coincidente durante su declaración pública. «Las elecciones están investigando, casualmente ahorita me mandaron tres requerimientos fiscales. No vamos a permitir que en un futuro se avalen elecciones irregulares como la vez pasada», enfatizó Zelaya, estableciendo un precedente para futuros procesos electorales.
Las irregularidades del 9 de marzo se concentraron principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde militares responsables del traslado de material electoral incumplieron sus funciones de transportar urnas «en tiempo y forma», generando caos logístico que obligó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a buscar soluciones de emergencia para garantizar la continuidad del proceso.
Zelaya utilizó el caso para denunciar desigualdades estructurales en el sistema de justicia hondureño, argumentando que tradicionalmente «la justicia solo llega para la gente normal» mientras los funcionarios de alto nivel evaden consecuencias penales. «Sí usted quiere ver cómo está la justicia en el país, solo hay gente presa como usted y como yo, vayámonos los domingos a ver quienes visitan la cárcel y se va dar cuenta que solo gente como nosotros», declaró el funcionario.
El fiscal dirigió un llamado específico a los medios de comunicación para que contribuyan a quebrar patrones de impunidad. «Hay que meter presos a los peces gordos… no los cubramos, ustedes con las noticias tienen que ser una parte clave para que los peces gordos vayan presos en este país», instó Zelaya, posicionando a la prensa como aliada en la lucha contra la corrupción de alto nivel.
La investigación del Ministerio Público incluyó previamente la comparecencia de los tres consejeros del CNE, Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, quienes debieron explicar las decisiones tomadas durante la crisis logística que afectó la normalidad de las elecciones primarias en las principales ciudades del país.
El caos electoral del 9 de marzo se caracterizó por largas filas de votantes que permanecieron en centros de votación hasta la madrugada, esperando la llegada tardía de maletas con material electoral que debieron haber estado disponibles desde el inicio de la jornada. Esta situación generó críticas generalizadas sobre la capacidad operativa del sistema electoral hondureño.
Los militares involucrados en el traslado de material electoral «han tratado de deslindarse de su responsabilidad», según observó Zelaya, pero «la sociedad civil y los observadores en general les han señalado constantemente» como responsables directos de los fallos logísticos que comprometieron la normalidad del proceso democrático.
Los requerimientos fiscales anunciados representan la primera respuesta penal concreta a irregularidades electorales que habían sido documentadas por observadores nacionales e internacionales, pero que tradicionalmente no habían derivado en consecuencias judiciales para funcionarios responsables de fallos operativos.
El enfoque de Zelaya en procesar a «peces gordos» sugiere que los requerimientos podrían dirigirse contra funcionarios de alto rango militar o electoral, marcando un precedente en un país donde las irregularidades electorales históricamente han resultado en investigaciones que no alcanzan niveles superiores de responsabilidad institucional.
