Tegucigalpa – El fiscal general Johel Zelaya minimizó este martes la gravedad del escándalo Sedesol al sugerir que las irregularidades expuestas en el audio entre el ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar podrían constituir un «mal procedimiento administrativo» más que actos de corrupción, aunque prometió continuar las investigaciones para «llegar al fondo del asunto».
«Sedesol, estamos investigando, vamos a llegar al fondo del asunto, no tenemos por qué permitir actos de corrupción. Por ahora presumimos que puede haber corrupción, pero serán las investigaciones que van a decir si hay corrupción, un mal procedimiento administrativo, o qué sé yo», declaró Zelaya, estableciendo una interpretación que podría minimizar las consecuencias penales del caso.
El fiscal adoptó un tono defensivo sobre las críticas a su imparcialidad, caracterizando los señalamientos sobre sesgo político como «una farsa» y argumentando que provienen de quienes «ahora saben que no van a quedar impunes sus actos». «Por mucho que se diga los sesgos políticos, eso es una farsa, siempre hablan de eso, cuando se tocan sus intereses», declaró Zelaya.
Zelaya se autocaracterizó como un fiscal general que «no tiene miedo» y que «quiere luchar contra la corrupción», pese a que «muchos sectores han remarcado que su trabajo es imparcial y tiene marcado un sesgo político», según reconoció implícitamente en sus declaraciones.
En una respuesta controvertida, el fiscal comparó el video Sedesol con otros materiales audiovisuales que han marcado la política hondureña, incluyendo el «narco video» del cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, y otro que involucra a Romeo Vásquez Velásquez «donde presuntamente recibe dinero ilícito».
«Los videos hablan por sí solos, ustedes pueden concluirlos. Yo les voy a invitar sobre esos videos que ustedes hablan. Compárenlos, pongan tres pantallas y miren y hagan sus conclusiones de cada video y explíquenle al pueblo la verdad, cuál es la diferencia de cada video», declaró Zelaya, delegando en periodistas y ciudadanos la evaluación comparativa de evidencias que deberían ser analizadas por el sistema de justicia.
Zelaya confirmó que las investigaciones se centran específicamente en Cardona y Cuéllar: «de momento están investigando a José Carlos Cardona y a Isis Cuellar, no tenemos por qué hacer otras más investigaciones, por ahí comenzamos, hay que comenzar por arriba», sugiriendo un enfoque limitado que podría excluir otros funcionarios involucrados en el esquema.
El video que motivó las investigaciones contiene evidencia directa donde Cuéllar detalla la entrega de «cheques de más de 100 mil lempiras y kits valorados en L 125 mil para la campaña política a estructuras del oficialismo», especificando que distribuyó recursos «a las 23 coordinaciones del partido» incluyendo «equipos de sonido, sillas, 300 sillas, mesas, carpas, un kit de sublimado para que hagan sus propias camisetas, banderas, tazas».
La diputada también explicó la mecánica del esquema: «voy a hacer cheques de 100 mil, voy a cambiar la gente de mi confianza y los entregamos al partido», evidenciando un sistema deliberado para convertir fondos públicos en recursos partidarios a través de intermediarios.
El audio reveló además tensiones internas cuando Cardona se refirió despectivamente a una candidata como «candidata estúpida» por negarse a participar en el esquema, declarando que «hay que llamar al orden a esa candidata» y sugiriendo que «mejor renunciaba ya que no quería firmar los cheques».
Las declaraciones de Zelaya generan interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público en un caso que involucra a funcionarios de alto nivel del gobierno, especialmente cuando el fiscal parece preparar una salida que minimice las consecuencias penales al caracterizar potencialmente el desvío de 2.8 millones de lempiras como deficiencias administrativas en lugar de actos de corrupción.
La estrategia de comparar el caso Sedesol con otros videos controvertidos también sugiere un intento de relativizar la gravedad de las evidencias, delegando en la opinión pública evaluaciones que corresponden al sistema de justicia realizar de manera técnica e imparcial.
