Tegucigalpa, Honduras. El sistema de justicia hondureño activó sus mecanismos de investigación penal luego de que se divulgara una grabación que expone presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, confirmó que los responsables enfrentarán procesos judiciales si se comprueban los indicios de responsabilidad penal.
La investigación se centra en una conversación telefónica filtrada entre la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, y el ministro de Sedesol, donde abordan el uso de recursos de la secretaría para financiar actividades de campaña electoral del partido oficialista en el departamento de Copán.
Acción inmediata del Ministerio Público
El video que desató la controversia se hizo público el pasado 23 de junio, y ese mismo día el Fiscal General ordenó a la Fiscalía contra la Corrupción iniciar una investigación de oficio. La rapidez de la respuesta institucional busca demostrar que no habrá tolerancia ante el mal uso de los recursos del Estado.
«De encontrarse responsabilidad penal, las personas involucradas serán llevadas ante los tribunales», declaró Zelaya a través de su cuenta oficial en la red social X, enfatizando que la justicia actuará sin contemplaciones ante cualquier irregularidad comprobada.
Coordinación interinstitucional
La investigación del Ministerio Público se desarrollará de manera independiente pero coordinada con las pesquisas que realizan otras instituciones de control. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Transparencia también han iniciado sus propios procesos de verificación, creando un sistema integral de fiscalización sobre el caso.
Esta estrategia de investigación paralela garantiza que todos los aspectos del presunto desvío de fondos sean examinados desde diferentes perspectivas institucionales, fortaleciendo la transparencia del proceso y evitando posibles interferencias.
Contenido de la grabación comprometedora
El audio filtrado revela una conversación entre ambos funcionarios donde se discute específicamente la canalización de recursos públicos de Sedesol hacia actividades de campaña del partido Libre en Copán. Esta práctica constituiría una violación directa de las normas que regulan el uso de fondos estatales y podría configurar varios delitos relacionados con corrupción y malversación.
La grabación ha generado un intenso debate público sobre la ética en el manejo de recursos públicos y ha puesto en el centro del escrutinio las prácticas internas del partido de gobierno en el financiamiento de sus actividades políticas.
Defensa de los recursos públicos
El Fiscal General fue categórico al rechazar cualquier uso indebido de los impuestos ciudadanos. «No podemos permitir que nuestros impuestos sean utilizados para fines distintos a su propósito legítimo y transparente», declaró, subrayando el compromiso institucional con la protección del patrimonio público.
Esta posición refuerza el mensaje de que ningún funcionario, independientemente de su jerarquía o afiliación política, estará exento de enfrentar las consecuencias legales si se comprueba su participación en actos de corrupción.
Implicaciones del proceso
El caso del «cheque video» se perfila como una prueba crucial para medir la independencia y efectividad del sistema de justicia hondureño en la persecución de delitos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno actual.
Los resultados de esta investigación podrían sentar precedentes importantes sobre cómo se abordan los casos de presunto mal uso de fondos públicos para fines electorales, estableciendo límites claros entre la gestión gubernamental y las actividades partidarias.
