Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), Amable de Jesús Hernández, arremetió contra la diputada Merary Díaz, a quien tildó de «narcodiputada» y acusó de actos fraudulentos durante su gestión en Servicio Civil.
Según Hernández, Díaz estuvo involucrada en la contratación apresurada de más de 10,500 empleados públicos en el último tramo del gobierno anterior, lo que generó un impacto financiero negativo del 25% en el presupuesto de salud.
En una publicación en su cuenta de redes sociales, Hernández expresó su convicción de que la diputada debería enfrentar cargos penales por estas presuntas prácticas fraudulentas.
Además, resaltó que el Ministerio Público ya tiene en su posesión el expediente correspondiente a estas acciones, sugiriendo que la impunidad para tales conductas ha llegado a su fin.
Esta polémica no es la primera vez que la diputada es objeto de señalamientos negativos. Hace unas semanas, el diputado oficialista Germán Altamirano también generó controversia al referirse a Díaz y a otra diputada como «muñecas de la mafia» durante un foro televisivo.
Esta disputa ha escalado y ha desembocado en una querella ante la Corte Suprema de Justicia, la cual espera el desarrollo de diligencias legales en los próximos días.
