Tegucigalpa – Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos enfrentan una nueva tensión tras confirmarse que el gobierno estadounidense ha decidido imponer sanciones de visa contra funcionarios hondureños involucrados en la contratación de brigadas médicas cubanas. La confirmación llegó de parte del viceministro de asuntos migratorios, Antonio García, quien reveló los detalles de una conversación sostenida con representantes diplomáticos estadounidenses sobre esta controvertida decisión.
García especificó que las instituciones hondureñas que estarían en la mira de las sanciones estadounidenses son la Secretaría de Salud (Sesal) y Planificación Estratégica, identificándolas como las entidades directamente relacionadas con los acuerdos para traer personal médico cubano al país. «Son dos instituciones involucradas en el tema, y las sanciones hablan de personas que están relacionadas con el tema. Así que podría deducirse que las personas de esos dos ministerios probable o posiblemente serían las afectadas», explicó el funcionario migratorio.
La información oficial sobre estas sanciones llegó a través de un encuentro directo con la Cónsul General de Estados Unidos, donde García buscó aclarar los rumores que circulaban sobre posibles medidas punitivas. Durante esta reunión, el viceministro confirmó que «efectivamente había un anuncio y unas sanciones para algunos funcionarios de Centroamérica», y al consultar específicamente sobre la inclusión de ciudadanos hondureños, recibió una respuesta afirmativa.
La justificación estadounidense para estas sanciones se centra en consideraciones de derechos laborales y explotación. Según relató García, los representantes diplomáticos estadounidenses argumentaron que «los médicos cubanos es una mano de obra explotada por el gobierno de Cuba, que les pagan poco y que ellos captan fondos de los países directamente como gobierno, y que es una esclavitud». Esta perspectiva refleja la posición histórica de Washington respecto a los programas médicos internacionales del gobierno cubano.
El gobierno hondureño se encuentra en una situación de incertidumbre respecto a la identidad específica de los funcionarios afectados, ya que las autoridades estadounidenses han mantenido esta información bajo estricta confidencialidad. García señaló que «como Gobierno no van a saber a quienes les van a suspender las Visas, ya que la embajada ha mantenido eso muy privado», lo que genera expectativa sobre el alcance real de las medidas punitivas.
El apoyo político a la decisión estadounidense provino de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), doctora Suyapa Figueroa, quien respaldó públicamente las restricciones de visa impuestas por Washington. Figueroa calificó la medida como «un mensaje claro contra la explotación laboral», argumentando que se trata de «trata de personas financiada con fondos públicos y una amenaza a la seguridad nacional».
La legisladora hondureña ha mantenido una posición crítica constante respecto a las brigadas médicas cubanas, denunciando durante años lo que considera «la explotación que se hace a los médicos cubanos en esas brigadas es una forma moderna de trata de personas». Su crítica se extiende más allá de consideraciones laborales, abarcando aspectos de seguridad nacional al señalar que «no sabemos quiénes son, no están certificados, y no hay ninguna garantía de su verdadera identidad ni formación».
Esta controversia pone de manifiesto las tensiones geopolíticas que rodean los programas de cooperación médica cubana en la región centroamericana, donde Estados Unidos mantiene una posición de oposición sistemática a la presencia de personal sanitario de la isla caribeña. Las sanciones representan una escalada en la presión estadounidense sobre gobiernos latinoamericanos que mantienen acuerdos de cooperación médica con Cuba, utilizando el sistema de restricciones de visa como herramienta de política exterior para desincentivar este tipo de colaboraciones.
