Tegucigalpa – Un nuevo escándalo administrativo con implicaciones electorales ha surgido cuando la Fundación 15 de Septiembre denunció formalmente la retención masiva de documentos de identidad de hondureños residentes en el exterior. El presidente de la organización, Juan Flores, reveló que han presentado una queja ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) por lo que considera una violación sistemática de los derechos ciudadanos de la diáspora hondureña.
La denuncia presentada desde Estados Unidos señala directamente a la Cancillería hondureña y su titular Javier Bu Soto como responsables de retener «más de 400 mil DNI que no están siendo entregados a los compañeros», según declaró Flores a la emisora Radio América. Esta cifra representa una cantidad masiva de documentos de identidad que permanecen sin entregar a sus legítimos propietarios.
Flores criticó duramente la gestión de Cancillería, reprochando que «no ha elaborado ningún plan estratégico para entregar los DNI», lo que sugiere una falta de organización institucional para atender las necesidades documentales de los hondureños en el exterior. Esta situación afecta particularmente a la comunidad migrante que requiere estos documentos para diversos trámites tanto en Estados Unidos como en Honduras.
La Fundación 15 de Septiembre ha desarrollado un trabajo de documentación exhaustivo sobre esta problemática, según confirmó su presidente. «La Fundación 15 de Septiembre ha documentado y entregado las pruebas a las autoridades del número de documentos con los nombres completos», declaró Flores, evidenciando que la denuncia cuenta con respaldo documental específico sobre los casos afectados.
Una dimensión particularmente preocupante de la denuncia se relaciona con irregularidades electorales identificadas durante el proceso de las elecciones primarias. Flores reveló una situación irregular observada en el consulado móvil realizado en la ciudad de Austin, donde los hondureños «se abocaron pagando 25 dólares para hacer los cambios domiciliarios, pero salieron habilitados para ejercer el sufragio en Honduras».
La gravedad de la situación se intensifica con la revelación de que «hay registro que utilizaron sus documentos de identificación de estos hondureños para ejercer el sufragio en las elecciones primarias del 9 de marzo votando por un partido político». Esta información sugiere un posible uso fraudulento de los DNI retenidos para manipular los resultados de las primarias, configurando un escenario de potencial fraude electoral.
La denuncia no se limita únicamente a Cancillería, sino que también incluye a los tres comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP) por su supuesta inacción en el proceso. Según Flores, estos funcionarios «no hicieron ningún esfuerzo en actualizar los cambios domiciliarios», evidenciando una falla sistémica que involucra a múltiples instituciones del Estado hondureño.
Esta situación cobra particular relevancia considerando que Honduras se prepara para las elecciones generales del 30 de noviembre, donde el voto de los hondureños en el exterior podría tener un impacto significativo en los resultados. La retención de documentos de identidad y su presunto uso irregular en las primarias genera serias dudas sobre la integridad del proceso electoral.
La denuncia ante el Conadeh representa una escalada en las presiones sobre las autoridades hondureñas para resolver esta problemática que afecta a cientos de miles de ciudadanos. La intervención del organismo de derechos humanos podría generar presión adicional sobre Cancillería y el RNP para implementar medidas correctivas urgentes.
Las revelaciones de Flores añaden una nueva dimensión a las controversias electorales que han caracterizado el panorama político hondureño en los últimos meses. La combinación de retención documentos y presunto uso fraudulento de identidades para votar configura un escenario complejo que requiere investigación y corrección antes de las elecciones generales.
La situación también refleja los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para garantizar los derechos electorales de su extensa diáspora, especialmente en Estados Unidos, donde reside una significativa población hondureña que mantiene vínculos políticos y económicos con su país de origen.
