Tegucigalpa – Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha manifestado su preocupación por la inclusión de dos figuras vinculadas al sistema judicial hondureño: la magistrada Sonia Marlina Dubón y la abogada Lourdes Blanco, esposa de Tomás Vaquero. Esta situación, según Castellanos, evidencia la vulnerabilidad del sistema de justicia del país.
La lucha contra la corrupción en Honduras enfrenta nuevos desafíos tras las recientes designaciones del Departamento de Estado estadounidense, que ha identificado a tres ciudadanos hondureños en su más reciente lista de «Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua».
El tercer señalado es Ebal Díaz, quien fungió como ministro de la Presidencia durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Castellanos recordó que el CNA ya había investigado y denunciado previamente el desvío millonario de recursos durante su gestión.
La designación por parte del gobierno estadounidense implica que estas personas «han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción», según detalla el informe oficial.
Esta nueva lista, que incluye a 27 individuos de diferentes países centroamericanos, representa un esfuerzo continuo de Estados Unidos por identificar y señalar a personas que representan obstáculos para el fortalecimiento democrático y la transparencia en la región.
