Tegucigalpa, Honduras – Una nueva controversia surgió este sábado cuando el director de Protección al Consumidor, Enrique Santos Cabrera, anunció la cancelación de la personería jurídica de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), una decisión que ha sido comparada con las acciones emprendidas por los gobiernos de Nicaragua y Venezuela contra organizaciones de la sociedad civil.
La medida, que aún no está en firme según aclaró el propio funcionario, requiere que Adalid Irías, representante de Adecabah, se presente el próximo lunes ante la oficina dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico para atender el proceso iniciado en su contra.
Justificación oficial genera controversia
Santos Cabrera fundamentó su decisión señalando múltiples irregularidades atribuidas a Irías, incluyendo el incumplimiento de sanciones económicas previamente impuestas. «A él se le está poniendo en orden», declaró el funcionario, quien agregó que «ya tiene un expediente que está en la PGR (Procuraduría General de la República), se le castigó en aquel momento, se le impuso una multa que no la pagó».
El director gubernamental acusó además al representante de Adecabah de dedicarse únicamente a «especular» sin presentar denuncias formales ante las instancias correspondientes, ni ante la Fiscalía ni en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Paralelismos con regímenes autoritarios
La decisión ha despertado comparaciones con las políticas implementadas por los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela, quienes han sistemáticamente cancelado organizaciones no gubernamentales que realizan auditorías independientes o cuestionan las acciones gubernamentales.
Adecabah se ha caracterizado por su labor de vigilancia y defensa de los derechos de los consumidores hondureños, monitoreando de manera independiente las variaciones en los precios de la canasta básica y otros indicadores económicos que afectan a la población.
Cuestionamientos legales sobre competencia
Sin embargo, la validez legal de la medida anunciada por Santos Cabrera enfrenta serios cuestionamientos, ya que según la normativa nacional vigente, la responsabilidad de aprobar o cancelar personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales corresponde exclusivamente a la Secretaría de Gobernación, no a la Dirección de Protección al Consumidor.
Esta discrepancia institucional plantea interrogantes sobre la competencia legal del funcionario para ejecutar tal decisión, lo que podría invalidar el proceso iniciado contra la organización.
Reacción de la organización afectada
Por su parte, Adalid Irías, representante de Adecabah, manifestó que la medida no le causaba sorpresa, sugiriendo que la organización ya anticipaba este tipo de acciones por parte del gobierno.
El caso se suma a las crecientes tensiones entre el gobierno hondureño y organizaciones de la sociedad civil, generando preocupaciones sobre el espacio democrático y la libertad de las organizaciones independientes para ejercer su labor de fiscalización ciudadana.
