Tegucigalpa, Honduras – La principal promesa de campaña del partido gobernante enfrenta un nuevo diferimiento que evidencia las dificultades para materializar compromisos electorales centrales ante resistencias institucionales persistentes. El canciller Efraín Bú Soto confirmó que Honduras solicitó este jueves a la ONU una quinta extensión del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH), mientras pidió «paciencia a los hondureños» y estableció comparaciones con procesos similares que han requerido cronogramas extendidos en la región.
La justificación temporal del retraso se sustenta en precedentes regionales que sugieren complejidad inherente a estos procesos de cooperación internacional. «En Guatemala se tardó cuatro años y nosotros no hemos llegado a ese tiempo», declaró Bú Soto, estableciendo parámetros comparativos que relativizan las críticas sobre la prolongada gestación de un proyecto que fue presentado como prioridad inmediata durante la campaña electoral de 2021.
Sin embargo, el funcionario reconoció la existencia de resistencias internas específicas que obstaculizan el proceso más allá de consideraciones burocráticas internacionales. «Como gobierno saben quiénes se oponen a la llegada de la CICIH, la oposición debe tener una preocupación por esto y entonces estamos esperando el debate, pero sobre todo la sociedad lo debe exigir», declaró el canciller, identificando actores políticos internos como obstáculo principal mientras demanda movilización social para presionar por la materialización del proyecto anticorrupción.
La estrategia gubernamental incluye gestiones diplomáticas de alto nivel que buscan acelerar negociaciones que se han extendido más allá de las expectativas iniciales. Bú Soto confirmó que «la presidenta estará viajando a New York, EEUU, para la asamblea de la ONU», aunque expresó cautela sobre resultados: «no se atrevió a confiar que habrá una nueva prórroga por el organismo mundial», evidenciando incertidumbre sobre la disposición de Naciones Unidas para continuar extendiendo plazos sin avances concretos.
La responsabilidad del estancamiento se traslada específicamente hacia el Poder Legislativo por la falta de marco legal habilitante necesario para la firma definitiva del convenio. El canciller «tiró la responsabilidad a los diputados del Congreso Nacional en torno a varias leyes que están pendientes y que son exigidas para la firma del convenio entre Honduras y la ONU», evidenciando fracturas entre poderes del Estado que comprometen la capacidad ejecutiva para cumplir compromisos internacionales fundamentales.
Paralelamente, la gestión consular hondureña enfrenta crisis migratoria que requiere atención inmediata en territorio estadounidense. Bú Soto confirmó que «hay 30 hondureños recluidos en centros de detención» tras las redadas en Los Ángeles, mientras la cónsul Julissa Gutiérrez «los visita para conocer sus estatus migratorios». El funcionario reiteró el llamado a compatriotas para «que no participen en las protestas violentas porque se exponen a ser detenidos y deportados», balanceando solidaridad con realismo sobre consecuencias legales.
La gestión diplomática incluye diversificación de relaciones bilaterales mediante formalización de representaciones que habían permanecido en suspenso. El canciller confirmó que «este viernes estarán recibiendo» cartas credenciales de «Italia, Zambia, Reino Unido», aunque se abstuvo de mencionar el caso de la Unión Europea, sugiriendo complejidades específicas en esa relación que requieren manejo diferenciado dentro de una «lista amplia de representantes diplomáticos que han manifestado su interés» en formalizar sus representaciones ante Honduras.
