Tegucigalpa – El gobierno hondureño ha decidido intervenir directamente en el escándalo financiero de Koriun Inversiones. Marcio Sierra Discua, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), reveló este jueves que por instrucciones expresas de la presidenta Xiomara Castro, se está elaborando un proyecto de ley que buscará brindar apoyo económico a las miles de personas afectadas por la estafa masiva.
«Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun, usando fondos del Presupuesto Nacional», declaró Sierra Discua, estableciendo un precedente inédito en el manejo de crisis financieras provocadas por entidades no reguladas.
Según el funcionario, la iniciativa legislativa pretende establecer un marco jurídico sólido que permita canalizar recursos públicos hacia los damnificados de manera legal y ordenada. La propuesta surge tras confirmarse oficialmente que Koriun Inversiones operaba completamente al margen del sistema financiero regulado, sin supervisión de la CNBS y siguiendo el esquema conocido como Ponzi, donde los primeros inversores reciben rendimientos pagados con el dinero de los nuevos participantes.
El anuncio ha desatado una intensa polémica en diversos sectores de la sociedad hondureña. Críticos de la medida señalan la contradicción de utilizar fondos estatales –provenientes de los impuestos de todos los ciudadanos– para compensar pérdidas de personas que invirtieron voluntariamente en una entidad que ofrecía rendimientos extraordinarios (5% semanal) claramente insostenibles en condiciones económicas normales.
Sierra Discua indicó que la CNBS está trabajando en la definición de criterios técnicos y jurídicos que regirían este proceso de compensación, buscando que sea «transparente, focalizado y respaldado por una ley formal» que determine con precisión el alcance del apoyo gubernamental y las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se establecerían prioridades entre los más de 35,000 afectados, ni sobre los montos que el gobierno estaría dispuesto a desembolsar.
La reacción adversa no se ha hecho esperar. Representantes de sectores empresariales, políticos de oposición y diversas organizaciones sociales han manifestado su rechazo al uso de recursos públicos para este propósito, argumentando que semejante medida podría crear incentivos perversos para futuras conductas similares y que son los responsables directos de la estafa quienes deben responder ante la justicia y ante los afectados.
El Ministerio Público ha reiterado que Koriun Inversiones operaba sin los registros contables necesarios para garantizar una devolución ordenada y completa de los fondos captados, y ha calificado el caso como una estafa estructurada que se mantuvo en operación durante aproximadamente seis años sin despertar la intervención oportuna de los entes reguladores.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión social. Miles de afectados han realizado protestas y bloqueado importantes vías de comunicación en varias regiones del país, generando pérdidas económicas significativas según ha denunciado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Mientras tanto, Iván Velásquez, administrador de Koriun, y su pareja Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez permanecen detenidos bajo cargos de lavado de activos, mientras se investiga la existencia de una red criminal más amplia detrás del esquema financiero.
La propuesta gubernamental de compensación con fondos públicos plantea interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad del Estado frente a inversiones privadas en entidades no reguladas, y sobre los criterios que determinarán quiénes recibirán apoyo y en qué cuantía, en un caso que ha evidenciado profundas deficiencias en los mecanismos de supervisión financiera del país.
