Miami – Florida se ha convertido en el epicentro de la aplicación de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos tras un operativo sin precedentes que culminó con la detención de 1,120 inmigrantes en apenas una semana. La operación, bautizada como «Marea Negra» y ejecutada entre el 21 y 26 de abril, marca un hito histórico al convertirse en la batida con mayor número de arrestos en un solo estado en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El operativo fue resultado de una coordinación extraordinaria entre al menos siete agencias locales de Florida e ICE, que además contó con el respaldo de efectivos federales de la DEA, el FBI y la ATF. Madison Sheahan, subdirectora de ICE, destacó la magnitud del operativo durante una conferencia de prensa, expresando su deseo de que esta colaboración se convierta en «un modelo» para otros estados.
Según los datos oficiales proporcionados por ICE, entre los detenidos predominan ciudadanos de países centroamericanos: 437 guatemaltecos, 280 mexicanos, 153 hondureños, 48 venezolanos y 24 salvadoreños, mientras que 178 proceden de otras naciones. Un dato relevante es que el 63% de los arrestados contaba con antecedentes penales o condenas previas.
El gobernador republicano Ron DeSantis aprovechó los resultados para reafirmar su postura en materia migratoria, declarando que ha insistido en posicionar a Florida como «punta de lanza» en el apoyo estatal a la aplicación de leyes federales de inmigración. «El éxito de la Operación Marea Negra es prueba de nuestro compromiso», subrayó el mandatario estatal, quien además adelantó que están «listos, dispuestos y capacitados para ir al siguiente nivel».
Las ambiciones de DeSantis van más allá de los arrestos. El gobernador ha propuesto al Departamento de Seguridad Interna (DHS) otorgar poderes adicionales al personal estatal para acelerar las deportaciones, incluyendo la controvertida idea de utilizar a miembros de la Guardia Nacional como jueces de inmigración. «Si se aprueba, nos lanzaremos a la acción. Podemos abarcar todos los aspectos, desde la aprehensión hasta la detención», afirmó.
Cuando se le cuestionó sobre el debido proceso legal que debe garantizarse a los inmigrantes, DeSantis desestimó las preocupaciones argumentando que miles de inmigrantes en Florida ya cuentan con órdenes definitivas de deportación y, por tanto, no requieren audiencias adicionales. También negó categóricamente que se estén deportando ciudadanos estadounidenses.
Este operativo se enmarca en un contexto de endurecimiento legislativo en Florida. En febrero pasado, DeSantis firmó dos amplias leyes que intensifican las condiciones para los inmigrantes irregulares y facilitan la implementación de la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Estas iniciativas contemplan penas más severas para indocumentados que cometan delitos, requisitos más estrictos para funcionarios locales y modificaciones al controvertido programa estatal de transporte de migrantes.
Sin embargo, la expansión de poderes a la policía estatal para cuestionar el estatus legal de los residentes ha generado serias críticas por el potencial perfil racial que puede propiciar. Un caso emblemático ocurrió el mes pasado cuando Juan Carlos López Gómez, un ciudadano estadounidense de 20 años, fue arrestado erróneamente por un agente de la Patrulla de Caminos al ser considerado indocumentado. El joven permaneció detenido hasta que su madre pudo presentar su certificado de nacimiento.
La intensificación de las operaciones en Florida podría presagiar una nueva era en las políticas migratorias estatales, con implicaciones directas para miles de inmigrantes y posibles repercusiones en las relaciones con los países de origen de los detenidos, particularmente en Centroamérica.
