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Honduras lidera fecundidad adolescente en América Latina según informe del UNFPA

El país registra 97 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, revelando barreras económicas y sociales que impiden la libertad reproductiva

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Tegucigalpa – Honduras encabeza la tasa de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe, con 97 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, según reveló el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) durante la presentación del informe «Estado de la Población Mundial 2025: La verdadera crisis de fecundidad».

El representante del UNFPA en Honduras, Iván Castellanos, presentó este martes en Tegucigalpa los resultados del estudio global que analiza cómo las barreras económicas y sociales impiden a millones de personas formar las familias que desean. «El principal desafío que identificamos en torno a la fecundidad en Honduras son los embarazos no deseados, muy particularmente los embarazos infantiles y adolescentes», subrayó Castellanos.

El informe revela que una de cada cinco personas a nivel global considera imposible alcanzar el número de hijos deseados debido a limitaciones financieras, inseguridad laboral, costos de vivienda, motivos de salud e inquietudes sobre el estado del mundo. En el caso específico de Honduras, la tasa global de fecundidad es de 2.6 hijos por mujer según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endesa) de 2019.

Las disparidades entre zonas urbanas y rurales son marcadas en el país. Mientras en áreas urbanas la tasa es de 2.3 hijos por mujer, en las zonas rurales asciende a 2.9, evidenciando las desigualdades estructurales que afectan el ejercicio de los derechos reproductivos.

A nivel regional, el estudio documenta preocupantes estadísticas para América Latina. En Brasil, el 28% de las personas encuestadas no logran el número de hijos deseados, mientras que en México esta cifra alcanza el 21%. Además, casi el 40% de los adultos brasileños han experimentado embarazos no intencionales, comparado con el 22% en México.

La investigación, basada en datos de una encuesta del UNFPA y YouGov en 14 países incluyendo Brasil y México, muestra que más de la mitad de las personas encuestadas indican que los problemas económicos son una barrera para tener tantos hijos como desean. Adicionalmente, una de cada tres personas ha experimentado embarazos no intencionales, y una de cada cinco ha sido presionada para tener hijos cuando no lo deseaba.

«Un gran número de personas no pueden formar las familias que quieren», señaló la directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem. «No es una cuestión de falta de deseo, sino un conjunto de barreras que limitan las opciones, lo que conlleva graves consecuencias para individuos y sociedades. Esa es la verdadera crisis de fecundidad», agregó.

Castellanos advirtió que Honduras enfrenta un serio desafío por la ausencia de datos actualizados, especialmente en casos de embarazos en niñas menores de 15 años. «Esa invisibilidad estadística debe ser atendida con urgencia por el gobierno para diseñar políticas efectivas», expresó el representante del UNFPA.

El funcionario de Naciones Unidas llamó a las autoridades hondureñas a garantizar procesos de maternidad seguros para reducir el riesgo de muertes maternas y eliminar las barreras estructurales que impiden decidir libremente sobre el número de hijos deseados. También resaltó la necesidad de invertir en políticas públicas que garanticen acceso a viviendas dignas, licencias de maternidad y paternidad, procesos educativos integrales y empleo digno.

El informe del UNFPA advierte contra respuestas simplistas como bonificaciones por nacimiento o campañas para incentivar más hijos, señalando que estas políticas son ineficaces y pueden vulnerar derechos humanos. En su lugar, urge a los gobiernos a abordar las barreras estructurales invirtiendo en vivienda asequible, trabajo decente, licencias parentales y servicios integrales de salud reproductiva.

«Si no invertimos en erradicar los embarazos infantiles, estamos truncando proyectos de vida», alertó Castellanos, quien aseguró que el impacto de este problema trasciende los derechos humanos para afectar también aspectos económicos y productivos del desarrollo nacional.

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